Ecuador anula 2,780 títulos emitidos por la confiscada Unival
Tras un fallo judicial, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Ecuador anuló 2,708 títulos universitarios emitidos por la confiscada Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival), de Nicaragua.
La anulación de los títulos académicos afecta a estudiantes ecuatorianos que cursaron, de manera virtual, carreras de pregrado y posgrado, informó el Ministerio de Educación de Ecuador.
Estas revocaciones se sustentan en una sentencia emitida el 10 de febrero por la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que falló a favor de la entonces Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), hoy Viceministerio de Educación Superior, y de la Procuraduría General del Estado (PGE), la cual argumentó la falta de control en la emisión de títulos internacionales.
Luego de conocerse la sentencia en primera instancia, las instituciones estatales apelaron el fallo que obligaba a la Senescyt a registrar los títulos.
Según la resolución, hasta 2021 no existían inconvenientes en el reconocimiento de estos documentos. Sin embargo, a partir de ese año, la Senescyt implementó nuevos requisitos que impidieron validar los títulos emitidos por la Unival, cuyas instalaciones fueron cerradas y confiscadas en diciembre de 2022 por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo
Irregularidades detectadas en la Unival
El Consejo de Educación Superior (CES) aclaró en marzo de 2025 que la Universidad Internacional de la Integración de América Latina no estaba autorizada para ofertar carreras ni programas académicos en Ecuador.
La sentencia de primera instancia también detalla que dicha casa de estudios estuvo acreditada desde 2014 para ofrecer programas en modalidad en línea. Esta universidad, con sedes en Managua, Juigalpa, Jinotega, Matagalpa y Ocotal, fue fundada en 1997.
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El cierre de la Unival fue ejecutado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua que argumentó que su oferta académica internacional no contaba con la autorización de ese ente rector.
Asimismo, alegó falta de información sobre la matrícula estudiantil, expedientes de graduados por carrera y registros del personal docente que impartía las distintas asignaturas.
