Sigue la barrida en el Estado: seis de cada diez despedidos son maestros
La “reestructuración” estatal ordenada por la codictadora Rosario Murillo sigue dejando víctimas dentro del aparato público. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, el Gobierno Central redujo su plantilla en 3,593 empleados, y el personal docente representan el 65% de esas bajas, según datos del Banco Central.
El informe “Distribución del empleo por categoría ocupacional — Gobierno Central”, elaborado con cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, muestra que la planilla estatal pasó de 111,980 a 108,387 empleados en ese periodo, una caída del 3.2 %. Dentro de esa contracción general, el sector docente fue el más golpeado: el número de trabajadores pasó de 50,188 a 47,852, lo que equivale a 2,336 plazas perdidas —un recorte del 4.7 %—.
El golpe al magisterio no es casual. Desde agosto del año pasado cuando Murillo ordenó la barrida bajo el argumento de una supuesta “revisión” del aparato estatal para “optimizar recursos”, se desató una ola de despidos que ha afectado a miles de empleados públicos.
Detrás del discurso administrativo se esconde una purga política que ha barrido ministerios, alcaldías e instituciones descentralizadas. En la práctica, se trata de una limpieza interna para sustituir a funcionarios considerados “no leales” por cuadros incondicionales al Frente Sandinista.
La purga "desangra" al sistema educativo
En el sector educativo, el impacto se ha sentido con especial dureza. Con más de dos mil plazas eliminadas, el sistema público pierde músculo docente y capacidad de cobertura, sobre todo en zonas rurales, donde algunas escuelas ya enfrentaban déficit de personal. Analistas advierten que este tipo de medidas comprometen la calidad educativa, aumentan el número de alumnos por aula y generan desmotivación entre los maestros que sobreviven a la barrida.
Los maestros no sólo enfrentan despidos, sino también condiciones de salario que los colocan al borde de la precariedad. Un maestro de primaria en Nicaragua gana aproximadamente entre 6,442 y 8,611 córdobas al mes, dependiendo de su experiencia y nivel educativo. Con esas sumas, la capacidad para cubrir necesidades básicas es limitada. Esos ingresos apenas no alcanzan para curbrir ni la mitad de la canasta básica cuyo costo supera los 20.000 córdobas.
La reducción de 2,336 maestros en un año deja un vacío que no se compensa con nuevas contrataciones en otros sectores. Aunque áreas como salud o servicios técnicos han mostrado ligeros repuntes, el balance general es negativo y evidencia una tendencia sostenida de contracción en el empleo estatal.
Los últimos datos del Banco Central, confirman que la “reestructuración” de Murillo no ha sido una reorganización técnica, sino una estrategia de control político.
