Asesinato de venezolano en Indio Maíz pasa al bolsón de impunidad: juez absuelve a acusado por pruebas débiles de la Fiscalía
El asesinato del venezolano Jonathan José Márquez Rafeca, ocurrido en enero en una zona de minería artesanal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, se suma al creciente expediente de impunidad que marca la violencia en los territorios indígenas. El juez Edmundo Leiva Argüello determinó en juicio que las pruebas presentadas por la Fiscalía contra Carlos Abraham Rodríguez, alias "El Gato", carecían de fuerza incriminatoria, y dictó la absolución del acusado.
La Policía orteguista ocultó durante meses del crimen registrado en el sector denominado Bonancita por los invasores, en un intento por evitar que se conociera de la presencia de un extranjero entre los invasores del área protegida que ha sido convertida en un polo de minería ilegal, violencia e impunidad.
Según fuentes policiales revelaron a DESPACHO 505, Márquez Rafeca tenía bajo su control unas 30 manzanas dentro de la Reserva Indio Maíz, donde instaló a cinco güiriseros dedicados a la extracción artesanal de oro. Para los comunitarios de la zona sigue siendo un misterio cómo el extranjero logró entrar en una actividad dominada por operadores políticos del FSLN.
Juicio en secreto
DESPACHO 505 tuvo acceso al expediente judicial D00095-ORCS-2025-PN, radicado en los Juzgados de San Carlos, Río San Juan, donde se detalla el caso que era mantenido oculto: el venezolano Jonathan José Márquez Rafeca, de 64 años, fue asesinado de dos balazos el 11 de enero de 2025, durante una disputa por tierras ocupadas dentro de la reserva. Como sospechoso, fue detenido Carlos Abraham Rodríguez Almendárez, de 32 años.
Este medio ha confirmado que el juicio finalizó el 5 de septiembre cuando el juez con fallo de no culpabilidad a favor de acusado porque consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran insuficientes para acreditar su participación en el crimen.
La Fiscalía aseguró que Rodríguez Almendárez había asesinado al extranjero, acompañado por otro hombre, cuando descansaba en una hamaca dentro de su champa de plástico, y sustenó su version en el testimonio de dos güiriseros que trabajaban para la víctima quienes dijeron que solo alcanzaron a ver la silueta de los hombres cuando huyeron entre la oscuridad tras realizar los disparos.
Cuatro días después, la Policía detuvo a Carlos Abraham Rodríguez Almendárez, luego de que la "investigación" revelara que once días antes del crimen había discutido con el venezolano por la posesión de áreas destinadas a la búsqueda de oro. Durante la disputa, supuetamente Márquez Rafeca le dio una cachetada a Rodríguez.
Esta versión, sumada a la prueba de parafina que detectó productos nitrados en la mano derecha de Rodríguez —indicativo de manipulación reciente de armas de fuego— se convirtió en la principal evidencia de la Fiscalía.
Sin embargo, el juez Edmundo Leiva Argüello argumentó que la discusión entre los hombres constituye un "indicio débil", que no acredita responsabilidad penal.
Sobre la prueba de parafina, señaló que "carece de fuerza incriminatoria suficiente" y alegó que puede dar positivo "cuando una persona manipula otros elementos, por lo que el resultado no necesariamente indica que haya disparado un arma de fuego".
La minería arrasa la Reserva Indio Maíz
Este crimen expone el abandono que padecen los terrotorios indígenas frente a los invasores que imponen violencia y depredación. Un informe de la organización ambientalista Fundación del Río, presentado en abril, documenta el avance indiscriminado de la minería artesanal en la Reserva Biológica Indio Maíz. La mayor actividad extractiva se concentra en el sector conocido como Las Cruces, un asentamiento minero mapeado en 2022 que hoy ocupa 250 hectáreas del área protegida.
El distrito minero ilegal está dividido en tres sectores: "Nueva Managua" o "Managüita", "Siuna" y "Bonanza" o "Bonancita", que albergan a unas 3,000 personas de forma permanente. La vida dentro de la reserva genera alta demanda de productos y servicios; hay instalados dos bares y una iglesia, y en medio de esta dinámica que degrada el recurso natural también ha surgido un corredor comercial de drogas, advierte el estudio.
Además del enclave minero de Las Cruces, la Fundación del Río ha identificado al menos tres focos adicionales de extracción dentro de la reserva. Dos de ellos, La Chiripa y El Naranjo, fueron detectados hace dos años, y más recientemente se documentó un nuevo sitio de explotación en territorio Rama y Kriol, en la zona de Punta Fina / Caño Negro.
