Familia denuncia desaparición forzada de joven médico en Nicaragua: 12 días sin rastro
El joven médico Yerri Gustavo Estrada Ruiz continúa desaparecido desde el pasado 13 de agosto, cuando agentes de la Policía sandinista lo detuvieron dentro del Hospital Amistad Japón Nicaragua, en la ciudad de Granada. Este 24 de agosto, su familia denuncia que se cumplen 12 días sin que el régimen brinde información sobre su paradero, configurando un caso más de desaparición forzada.
Su madre, Rosa Patricia Ruiz, asegura que la Policía no solo lo sacó del hospital sin orden judicial, sino que además se niega a dar detalles sobre su situación. “He preguntado en todas partes y no me dicen nada. No sé si está bien, no sé dónde está, pero lo seguiré buscando hasta verlo”, declaró la mujer en redes sociales.
Desde la detención, Ruiz publica diariamente mensajes y videos para exigir una prueba de vida de su hijo. “Aunque no me den información, sé lo que estás sufriendo, pero mamá no se cansa y seguirá buscándote hasta que te presenten”, expresó en uno de ellos.
Un profesional que había optado por el silencio
El doctor Estrada participó en las protestas universitarias de 2018, pero según su madre, desde 2020 decidió apartarse de toda actividad política y concentrarse en su formación profesional. “Habíamos intentado llevar una vida normal, en silencio, pero ahora tengo que suplicar por la libertad de mi hijo. Es una persona de bien y no merece estar detenido”, reclamó.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condenó enérgicamente las redadas policiales ejecutadas por el régimen Ortega-Murillo entre el 14 y 16 de agosto en los departamentos de Carazo, Granada, Masaya y Rivas, que dejaron al menos 27 personas arrestadas. El Monitoreo Azul y Blanco (MAB), reportó que cuatro fueron liberadas, mientras 23 permanecen en detención arbitraria por motivos políticos.
Las personas arrestadas son en su mayoría excarcelados políticos, exiliados retornados, artistas y empresarios opositores. Los operativos se llevaron a cabo mediante allanamientos violentos, saqueos, uso de perros adiestrados y detenciones nocturnas.
La organización demandó al régimen informar de inmediato sobre el paradero de las personas arrestadas y garantizar su liberación, además de poner fin a la represión contra la Iglesia católica y respetar la libertad religiosa y la propiedad de los centros educativos administrados por esta institución.
