Corte de Apelaciones permite a la Administración Trump avanzar con cancelación del TPS Nicaragua, Honduras y Nepal
El Gobierno de Estados Unidos bajo la Administración Trump puede continuar con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 migrantes provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal, luego de que un tribunal federal de apelaciones suspendiera la protección otorgada por una jueza de distrito que había extendido el TPS hasta noviembre.
La decisión del Noveno Circuito de Apelaciones anunciada este miércoles deja en claro que el tribunal de apelaciones tiene autoridad superior sobre la jueza, permitiendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avanzar con su plan de revocación.
La decisión del Noveno Circuito, que no fue argumentada en detalle, es una suspensión de emergencia que revierte la orden de la jueza de distrito Trina Thompson, quien había argumentado que la terminación del TPS podría ser inconstitucional y que la administración no había evaluado adecuadamente las condiciones en los países afectados, incluyendo violencia persistente en Honduras y Nicaragua y la recuperación del terremoto de 2015 en Nepal. La jueza había extendido la protección hasta el 18 de noviembre, pero con la suspensión del tribunal de apelaciones, esta extensión queda en pausa.
El gobierno de Estados Unidos apoyado por la decisión, puede proceder con la terminación del TPS, aunque los beneficiarios aún podrían apelar ante la Corte Suprema, lo que podría retrasar la aplicación definitiva de la revocación. Mientras tanto, DHS y USCIS mantienen ciertos documentos válidos, generando un escenario legal complejo para los afectados.
Antecedentes y repercusiones
El TPS fue otorgado originalmente a hondureños y nicaragüenses tras desastres naturales y crisis humanitarias, incluyendo el huracán Mitch en 1998, y a nepaleses tras el terremoto de 2015. Más de 60,000 personas, que en muchos casos llevan décadas residiendo legalmente en Estados Unidos dependen de este estatus para residir y trabajar de manera legal.
Organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de inmigrantes han criticado la decisión del tribunal por carecer de explicación detallada y alertan sobre el riesgo de deportaciones masivas y disrupción en comunidades enteras.
Con este fallo, la administración estadounidense recupera la capacidad de implementar la terminación del TPS, mientras que los beneficiarios enfrentan un futuro incierto, dependiendo de los próximos movimientos judiciales y las decisiones de DHS y USCIS.
