La PGR acusa a Álvaro Baltodano de crear 20 sociedades de maletín
La recién creada Procuraduría General de Justicia: “Tod@s contra la corrupción”, anunciada por la codictadora Rosario Murillo hace apenas unos días, ejecutó este jueves su primera acción pública acusando al general en retiro Álvaro Antonio Baltodano Cantarero y su hijo Álvaro Antonio Baltodano Monroy de crear empresas de maletín. Además, confirmó la cancelación del contrato de concesión de la planta geotérmica Momotombo, en La Paz Centro, León, que operada por Momotombo Power Company.
En una nota oficial, la Procuraduría acusa a padre e hijo de montar “un entramado societario… que contemplaba la utilización de aproximadamente ‘20 sociedades de papel’ (maletín: sin activos, ni presencia física significativa)… para lavar dinero proveniente de actividades delictivas de evasión fiscal contra la Hacienda Pública”, constituidas “mayoritariamente en jurisdicciones extranjeras, calificadas como Paraísos Fiscales por el Grupo de Acción Financiera (GAFI)”.
La dictadura tomó la decisión de enjuiciar a Baltadano Cantarero y a su hijo, después que el exgeneral en retiro sirvió al FSLN durante casi tres décadas como Secretario de Organizaciones, cargo que ocupó cuando el dictador perdió las elecciones en 1996 contra Arnoldo Alemán. Con el triunfo de Ortega fue nombrado director de la Corporación Nacional de Zona Franca y de la Agencia de Promoción e Inversiones de Nicaragua (ProNicaragua). Fue sustituido por Laureano Ortega Murillo en el 2013, cuando fue nombrado asesor de ProNicaragua.
En relación a la toma de la planta geotérmica informó que resolvió "cancelar de manera definitiva el contrato de Concesión de Recursos Geotérmicos en la Planta Geotérmica Momotombo, con efectos inmediatos”, decisión que en la práctica permite al Estado asumir el control de la operación de la planta.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) "corroboró" que la concesionaria incumplió sus compromisos de inversión, incluyendo elevar la producción a 37–40 megavatios, y no ejecutó las obras acordadas, lo que según el comunicado constituye “una afrenta directa al Patrimonio Nacional, a la legalidad y al Pueblo de Nicaragua”. La Procuraduría advierte que “se procederá… a la judicialización de todos sus responsables, sean estos personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras”.
Nueva institución para "pasar factura" a figuras incómodas para Murillo
La Procuraduría fue anunciada como una nueva institución anticorrupción, pero su creación requiere aprobación en segunda legislatura al tratarse de una reforma constitucional. Sin embargo, el régimen ya la está utilizando activamente para confiscar concesiones y perseguir a antiguos cuadros sandinistas. Baltodano fue detenido el 14 de mayo y condenado en junio a 20 años de prisión; su hijo fue arrestado el 21 de julio y enfrenta acusaciones similares. Con esta medida, la Procuraduría estrena sus poderes apuntando contra redes económicas vinculadas a figuras históricas del sandinismo que cayeron en desgracia.
Esta nueva institución que absorbe funciones del Ministerio Público fue anunciada por Rosario Murillo para "combatir la corrupción". Aunque su creación se basa en una reforma constitucional que aún requiere aprobación en segunda legislatura, el régimen ya la está utilizando activamente para confiscar empresas y perseguir a antiguos cuadros del sandinismo, como demuestra la intervención en la planta geotérmica Momotombo contra el general Baltodano y su hijo.
Analistas señalan que, lejos de ser un instrumento imparcial de combate a la corrupción, la institución parece diseñada para consolidar el control del régimen sobre sectores estratégicos de la economía y la política.
El doble discurso es evidente, según denuncias periodísticas: mientras la Procuraduría anuncia acciones espectaculares contra empresarios y exfuncionarios vinculados al sandinismo, las investigaciones señalan que la corrupción en Nicaragua comienza en la propia familia presidencial, acumulando riquezas a través de concesiones, contratos y empresas vinculadas al Estado.
