EEUU denuncia crítico deterioro de los DDHH en Nicaragua: asesinatos, torturas, persecución religiosa, desapariciones forzadas y censura
La situación de los derechos humanos en Nicaragua "empeoró durante el último año". Es la conclusión plasmada en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos presentado este martes, el cual está soportado en la documentación de graves violaciones y abusos cometidos en el país bajo las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El documento describe un escenario marcado por graves violaciones, crímenes y todo tipo de abusos y restricción de libertades: asesinatos arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales, represión transnacional y ataques directos contra líderes religiosos y periodistas.
También reporta restricciones graves a la libertad de prensa, "incluida la violencia o las amenazas de violencia contra periodistas, arrestos o enjuiciamiento injustificados de periodistas, censura y restricciones graves a la libertad en Internet". Añade restricciones a la libertad religiosa; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores; y las peores formas de trabajo infantil.
Todos en complata impunidad: "El gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos", señala el Departamento de Estado en el reporte anual que evalúa la situación de los derechos humanos en el mundo.
Parapolicías y campaña de terror
El informe responsabiliza a las estructuras parapoliciales —hombres armados, enmascarados y sin uniforme— de ejecutar una "campaña de acoso, intimidación y violencia" contra opositores, activistas, líderes religiosos y hasta contra militantes sandinistas. Estos grupos a los que el régimen legalizó bajo la figura de "policías voluntarios" los describe unidades no uniformadas, armadas y enmascaradas "con entrenamiento táctico marginal y jerarquía suelta" que han actuado bajo el mando directo de la Policía así como de personeros vinculados al dictador Daniel Ortega.
Asimismo, señala que se perpetraron ejecuciones extrajudiciales sin que se permitiera de manera deliberada que organizaciones independientes obtuvieran información. El Departamente de Estado cita los reportes de las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación independientes que documentaron que asesinatos con motivos políticos.
En el documento destaca la violencia armada en comunidades indígenas y refiere de manera particular el ataque perpetrado el 22 de marzo de 2024 por un grupo de 30 colonos armados en la comunidad mayangna de Amtrukna, asesinando a civiles desarmados y quemando viviendas. "Fue difícil evaluar la gravedad del ataque debido a la falta de una investigación oficial", indica.
Persecución religiosa
La represión y el hostigamiento sistemático a la Iglesia católica y otras confesiones es otro punto considerado grave en el informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Documentan las restricciones impustas en Semana Santa, por la Policía Nacional y las fuerzas parapoliciales que atacaron y detuvieron a laicos católicos "simplemente por expresar el deseo de que Monseñor Rolando Álvarez fuera liberado".
También se documenta la detención y destierro de al menos nueve sacerdotes sin cargos formales, así como el cierre de Radio María y la confiscación de propiedades eclesiásticas.
Libertad de prensa anulada
La libertad de expresión y prensa, señala el informe también es parte del deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Señala al regímen de no respetar y someter a la prensa independiente a un "cerco oficial y no oficial". Sobre esto mendiona el cierre de seis medios en el último año y suma 56 clausuras desde 2018.
Los periodistas enfrentaron "violencia, acoso, amenazas de muerte, exilio forzado y despojo de la nacionalidad". En 2024, al menos 10 comunicadores se vieron obligados a huir, elevando a 276 el total en el exilio desde 2018. "No se producen noticias independientes en más de la mitad del país", señala el texto.
Como ejemplo, menciona el allanamiento y expulsión del país de la periodista Nohelia González, exeditora de La Prensa. "Las autoridades advirtieron a otros comunicadores que serían encarcelados si no dejaban de publicar contenidos contrarios a las narrativas oficiales", documenta el informe.
Denuncia torturas e identifica a los torturadores
El reporte recoge testimonios sobre torturas, privación de alimentos, confinamiento prolongado y golpizas a presos políticos en la cárcel La Modelo. Se señala directamente a la capitana Rosa Velásquez y al director del penal, Roberto Guevara, como responsables de permitir y dirigir agresiones contra reclusos que celebraron protestas en Venezuela.
Las mujeres detenidas fueron sometidas a registros invasivos, amenazas de violencia sexual y humillaciones. Una de cada cuatro prisioneras políticas fue violada en custodia, según organizaciones de derechos humanos.
El informe alerta sobre desapariciones perpetradas por la Policía y el Sistema Penitenciario contra opositores, incluidos traslados secretos de presos sin informar a sus familias ni abogados. En un caso, la familia de Carlos Bojorge, detenido el 1 de enero por gritar "¡Viva la Iglesia Católica!" en una misa, no supo dónde estaba hasta seis meses después.
El Departamento de Estado concluye que en Nicaragua existe un patrón de represión sistemática, impunidad absoluta y control total del espacio cívico y mediático, lo que ha convertido al país en un entorno hostil para el ejercicio de derechos fundamentales. Señala directamente al régimen Ortega Murillo de utilizar "la represión y la ley para cerrar la capacidad de los individuos para criticar" al sistema impuesto.
