La dictadura ejecuta un silencioso «genocidio cultural» contra pueblos indígenas en Nicaragua
Encadenados por días, golpeados por hablar su lengua y sumergidos en ríos sagrados para simular ahogamientos. Así describe un nuevo informe el castigo que impone el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra al menos doce indígenas Mayangna y Miskitu, convertidos en presos políticos por defender sus territorios ancestrales.
El documento, titulado “Del bosque a la celda: criminalización de defensores indígenas por el régimen Ortega-Murillo”, fue elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), y analiza el impacto diferenciado de la prisión política sobre pueblos indígenas entre 2018 y 2025.
“Estas violaciones a derechos humanos no son hechos aislados, sino parte del fin de destruir la cultura de las comunidades a través de la invasión y colonización de sus territorios”, alertan.
Las detenciones, según el informe, han sido extremadamente violentas y racistas: en algunos casos participaron hasta 60 agentes estatales y paramilitares encapuchados, que irrumpieron en viviendas sin orden judicial, lanzaron bombas lacrimógenas y golpearon a mujeres y niños menores de edad.
“Este tipo de actos genera terror, paraliza la organización comunitaria y transmite un mensaje de criminalización de la identidad indígena”, señalan las organizaciones.
Una vez capturados, los defensores son enviados a cárceles a más de 300 kilómetros de sus comunidades, lo que impide las visitas familiares, rompe los vínculos espirituales con el territorio y se convierte, según el informe, en “una forma contemporánea de destierro forzado”.
Prisión sin idioma y sin medicina
En prisión, los indígenas son sometidos a condiciones que niegan su cultura. No se les permite hablar su lengua originaria, ni consumir alimentos o medicinas tradicionales, ni practicar rituales espirituales. Incluso se ha documentado el uso de custodios indígenas como espías para vigilar si hablan en su idioma durante las visitas.
“El sistema penitenciario impone un régimen de asimilación forzada incompatible con el principio de igualdad y no discriminación”, señala el informe, que documenta tratos degradantes que equivalen a tortura cultural.
En La Modelo, los custodios calificaron de “brujos” a los reclusos indígenas por preparar wabul (una bebida a base de banano), llevar refresco de buñia o usar plantas como albahaca o san diego para curarse. Todos estos elementos esenciales para la vida espiritual y física fueron confiscados o ridiculizados.
La represión también incluye torturas físicas con significado simbólico. Según el informe, se han documentado prácticas como ahogamiento simulado introduciendo la cabeza de la víctima en los ríos sagrados de su propio territorio, esposamiento prolongado de pies y manos, impidiendo incluso necesidades básicas; golpizas en represalia por hablar su idioma y violaciones sexuales y aislamiento extremo.
Es un "genocidio cultural"
Según la UJD y CALPI, estas prácticas son parte de crímenes reconocidos internacionalmente. Con base en el Estatuto de Roma, el documento afirma que lo ocurrido configura crímenes de lesa humanidad (encarcelamiento, tortura, persecución) y también podría constituir genocidio cultural o etnocidio, al intentar destruir sistemáticamente la identidad colectiva de los pueblos indígenas.
“Las acciones estatales pueden configurar no solo crímenes de lesa humanidad (como persecución y tortura), sino también el crimen de exterminio y, potencialmente, genocidio cultural”, advierten.
El impacto trasciende a los presos. La reclusión ha provocado la desarticulación de los liderazgos comunitarios, el empobrecimiento de las familias y el desplazamiento forzado. Muchas mujeres deben recorrer más de 50 horas para ver a sus familiares detenidos por menos de una hora al mes, gastando más de 170 dólares por visita, en un país donde el salario mínimo rural es de apenas 162 dólares.
“La prisión política indígena ha sido devastadora para los pueblos: ha silenciado a los defensores de la tierra, ha generado terror en las comunidades y ha facilitado el avance de la destrucción cultural a través de la colonización interna”, concluye el informe.
