El Invur recibe poder para escriturar y repartir subsidios a dedo a constructoras

La Asamblea Nacional aprobó dos iniciativas de ley que otorgan al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) facultades notariales así como el poder para otorgar de manera "excepcional" subsidios a proyectos hipotecarios que excedan el techo establecido para subsidio a viviendas sociales, lo que beneficiaría de manera directa a constructoras afines al régimen. 

Este último cambio quedó establecido en la reforma a la Ley 677, Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social. En principio, la dictadura modificó el artículo 97, numeral 4, para ampliar el rango de precios de las viviendas que pueden beneficiarse de subsidios vinculados al crédito hipotecario, para que puedan calificar a ese beneficio casas con un precio superior (incluyendo prima y préstamo) a 40 mil dólares para formatos unifamiliares, y hasta 50 mil dólares para proyectos multifamiliares.

Además, Ortega y Murillo incluyeron una disposición excepcional que permite al Invur —solo con su autorización— aprobar subsidios, incentivos y tasas preferenciales para proyectos que excedan el techo de los 50 mil dólares establecido, basado en el incremento del precio de los materiales de construcción, transporte, mano de obras y servicios.

"De forma excepcional, a través de su codirector o codirectora, previa autorización de La Presidencia de la República, tendrá la facultad de aprobar subsidios, tasas, incentivos y todas las prerrogativas que contempla la legislación vigente de la materia, a los proyectos con préstamos hipotecarios cuyo monto del préstamo, más el valor de la prima, exceda los cincuenta mil dólares", dice la reforma.

Los dictadores argumentaron que el sector de la vivienda es uno de los sectores que más fuentes de empleo genera en Nicaragua y que el incremento de los precios de mercado hace que "el monto actual del subsidio actual sea insuficiente para cubrir una parte representativa del costo total de la vivienda".

Invur, el nuevo registrador

En paralelo, la Asamblea Nacional también acató la orden de reformar el artículo 5 de la Ley 428 Ley Orgánica del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) para otorgarle a esa entidad facultades notariales como cartular, desmembrar y emitir escrituras públicas.

La reforma pretende evitar que el Invur solicite a la Procuraduría General de la República (PGR) la gestión de actos jurídicos sobre bienes reales (estatales), ya sea en la compraventa, donación y cualquier otra gestión administrativa de derecho real.

La modificación establece que "para garantizar el resguardo del patrimonio del Invur, el codirector o codirectora podrá realizar todos los actos jurídicos y administrativos necesarios para suscribir contratos mediante escrituras públicas de compraventa, donación y cualquier otro ejercicio de Derecho Real contemplado en la legislación, a fin de brindar seguridad jurídica a los protagonistas de los proyectos habitacionales de interés social".

Según Ortega y Murillo esta reforma permitirá agilizar los trámites de escrituras de las viviendas de interés social que ejecuta el Invur y garantiza la seguridad jurídica de las familias beneficiadas con los proyectos habitaciones.

Con esta medida, el régimen quita la facultad al PGR y al Registro Público que realizaban este tipo de actos jurídicos.