Se vence el plazo para revisar el límite de velocidad en carreteras y el régimen guarda silencio
Este lunes 7 de julio vence el plazo de 15 días que el dictador Daniel Ortega impuso para evaluar la continuidad del nuevo límite de velocidad en Nicaragua, sin que hasta ahora haya habido pronunciamiento alguno por parte del régimen. Ni Rosario Murillo, vocera gubernamental y codictadora, abordó el tema en su alocución diaria a través de medios oficialistas, ni la Policía ha emitido comunicado.
De momento, se mantiene el límite de velocidad de 50 kilómetros en carretera para vehículos y 40 kilómetros por hora para motocicletas, pese a que las mismas estadísticas reflejan que el índice de accidentes no ha bajado desde que se anunció la medida hace casi un mes.
El anuncio de la "revisión" de esta medida fue hecho por el dictador Daniel Ortega el pasado 23 de junio durante un acto público en el que aseguró que se aplicarían restricciones de velocidad como “una medida experimental” para reducir accidentes de tránsito.
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Desde entonces, se estableció un tope de 50 kilómetros por hora para vehículos y 40 para motocicletas, con multas de hasta 2,500 córdobas para quienes incumplan la norma. Ortega afirmó entonces que en los próximos15 días se revisaría el impacto de la medida para decidir si se mantenía o se eliminaba.
La velocidad no es la principal causa de accidentes
Sin embargo, al concluir el plazo, no hay evaluación pública, ni datos sobre reducción de accidentes, ni confirmación sobre la permanencia o suspensión de la medida. Las autoridades han mantenido operativos policiales a nivel nacional, multando a conductores sin ofrecer cifras claras sobre los resultados. Tampoco se ha dado a conocer ningún informe técnico que respalde la efectividad de los límites impuestos.
La falta de claridad y la ausencia de información oficial refuerzan la percepción de arbitrariedad en la imposición de esta medida, que ha sido duramente criticada por la ciudadanía, transportistas y usuarios en redes sociales. Desde su aplicación, han circulado numerosos memes y testimonios que la califican de incoherente, mal diseñada y ajena a la realidad del tránsito en el país.
La medida también ha sido señalada como un mecanismo recaudatorio, más que una política seria de seguridad vial. Con Ortega sin actos públicos esta semana y el silencio de Murillo y la Policía, todo indica que el régimen mantendrá el límite.
