La dictadura deroga la ley que permitía cedular a los menores de 16 años
La dictadura sandinista dio marcha atrás con la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, Ley 1241, que impulsó hace apenas cuatro meses para establecer la obligatoriedad de que los menores de 16 años contaran con un documento de identidad oficial.
Sin un fundamento claro, los diputados al servicio del régimen, aprobaron este miércoles la derogación de la nueva Ley 1241 -aprobada en febrero y en vigor desde el 5 de marzo- y restableció la Ley 152 de 1993, aprobada bajo el gobierno de la fallecida expresidentaVioleta Barrios de Chamorro, la cual establece que los ciudadanos nicaragüenses pueden obtener su cédula de identidad únicamente al cumplir los 16 años.
En su momento, la dictadura defendió la derogación de esa norma para dar paso a "un sistema moderno, seguro y eficiente de identificación que responda a las necesidades actuales y futuras del país, en un contexto de avances tecnológicos y demandas sociales".
La derogación del nuevo marco juridico promovido por los propios dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo pone en evidencia las improvisaciones legales del régimen, que en menos de cuatro meses revocó una ley previamente aprobada por los mismos diputados oficialistas.
La Ley 152 reconoce establece en su artículo 3 que los nicaragüenses que hayan cumplido los dieciséis años de edad tienen el derecho y el deber de obtener cédula de identidad y el Estado la Obligación de otorgarlas, trámite que pueden iniciar al cumplidos los 152.
La norma desechada, en cambio, contemplaba que los ciudadanos nicaragüenses contaran con un número de registro personal único, el cual se mantendría a lo largo de todo su ciclo vital. El registro había sido delegado al Consejo Supremo Electoral (CSE) a través de la Dirección General del Registro del Estado Civil, que también emitiría la cédula de identidad de menores, que aunque sería distinto a la cédula oficial, ambos compartirán un número único de registro.
La dictadura dijo que el carné para menores estaba pensado para facilitar el acceso a servicios públicos, pero sin otorgar derechos ciudadanos por lo que, al cumplir 16 años, los nicaragüenses estarían obligados a solicitar y portar la cédula oficial.
