Régimen orteguista ha despedido a 225 médicos, denuncia CPDH

Los despidos de médicos, además de ser ilegales, constituyen una violación al derecho a la salud que tiene la ciudadanía. Prescindir de personal esencial, en vez de reforzar el sistema de salud, es algo que no se espera de un gobierno en un contexto de crisis sanitaria, criticó el director de la CPDH.

La cifra de médicos despedidos del sistema de salud público de Nicaragua asciende a 225. El conteo inició en abril 2018 con doctores que participaron en manifestaciones contra el régimen o que desobedecieron la orden de no brindar atención a los manifestantes heridos en las protestas que policías y paramilitares atacaron a balazos, denunció este jueves el Consejo Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que, a la fecha, registra un total de 460 despidos por razones políticas en el Ministerio de Salud (Minsa).

La CPDH recibió este jueves a una representación de los médicos que en el contexto de la pandamia de coronavirus fueron notificados con cartas de cancelación de contrato sin causa justificada. Ellos tienen la certeza que exigir protección para ejercer su labor o señalar el mal manejo de la epidemia le costó su trabajo. En las últimas 48 horas, al menos una 14 médicos, en su mayoría especialistas salieron de unidades médicas de Managua, Estelí y Rivas.

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Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, condenó la medida y denunció que no solo es una violación al derecho de los trabajadores afectados, si no al derecho a la salud de la ciudadanía.

VALORAN DENUNCIA INTERNACIONAL

El director ejecutivo de la CPDH advirtió que analizarán las acciones realizadas por las autoridades de Salud para determinar responsabilidades penales e iniciar procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo nicaragüense y de los médicos que trabajan sin las mínimas medidas de protección.

“Recordemos que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger la vida y al estar dejando en el estado de indefensión y no darle esas garantías, definitivamente nosotros estaremos revisando el código penal, porque si estos están incurriendo en delitos, vamos a a acusarlos como corresponde y también haremos las gestiones de crímenes de lesa humanidad para emplazar a estos funcionarios que no le están dando al pueblo la protección para salvaguardar las vidas de los nicaragüenses”, afirmó.

Dijo que los 14 médicos despedidos están recibiendo un trato cruel de parte del régimen de Daniel Ortega, sobre todo porque son los que están en primera línea en la lucha contra la pandemia.

“Esta es una actitud perversa y malvada de este gobierno que expone no solo a los médicos, sino a la ciudadanía en general, porque los nicaragüenses han estado en indefensión total y estomes un crimen de lesa humanidad y por ende, lo podríamos llamar un genocidio”, valoró Carmona.

Además, reportó que han documentado 21 casos de médicos fallecidos por Covid-19, al prestar sus servicios sin las mínimas medidas de protección y advirtió que revisarán cada uno para determinar acciones penales futuras.

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Prescindir de personal sanitario especializado, en una situación de crisis sanitaria como la que atraviesa Nicaragua, este tipo de acciones “violenta el derecho fundamental a la Salud”, señaló el defensor de derechos humanos.

Estos despidos injustificados e ilegales, dijo Carmona, provocan una sobrecarga laboral para el personal que, encima, trabaja sin la protección debida para brindar atención a los pacientes.

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Mientras otros gobiernos refuerzan sus sistemas sanitarios para procurar el menor impacto de la pandemia, y destinan recursos para proteger la salud y la vida de la ciudadanía “aquí se hace todo lo contrario”, criticó el director ejecutivo de la CPDH.

Por su parte, los médicos reiteraron que la cancelación de sus contratos fue arbitraria y violatoria del artículo 4 de la Ley 476, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, así como del artículo 12 de la Ley de carrera sanitaria en Nicaragua Ley 760 y su reglamento, “porque no hubo ningún procedimiento previo para efectos de llegar a la conclusión que hubo una causal de despido”.

Explicaron que las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) no cumplieron con el procedimiento establecido en el convenio colectivo, que parte por la realización de procesos disciplinarios para determinar si una falta amerita despido.

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“Es un despido arbitrario, lo que conlleva a que el Estado y los funcionarios están cometiendo el delito de discriminación”, dijo uno de los afectados.

Los médicos informaron que solicitarán al tribunal laboral para exigir el reintegro.