Murillo: el nuevo límite de velocidad es una «prueba» que Ortega ordenó a Díaz
El dictador Daniel Ortega recurre a la fórmula de "prueba y error" para implementar medidas en materia de seguridad vial en Nicaragua. Ninguna de las disposiciones activadas en las últimas semanas -como la reducción del límite de velocidad en las carreteras a 50 kilómetros por hora o el castigo de cárcel por realizar maniobras en moto- son definitivas ni tendrán, por ahora, sustento legal. Son directrices que Ortega ha ordenado a la Policía Sandinista poner en marcha de forma experimental, reveló este lunes la codictadora Rosario Murillo.
Según Murillo, Ortega se encarga personalmente de definir las medidas contra los accidentes de tránsito en Nicaragua, y a su consuegro y jefe de la Policía Nacional, el comisionado general Francisco Díaz, "haciéndole anotaciones para ir preparando desde la práctica todos los cambios alrededor de la seguridad vial".
Como prueba de la implicación del dictador -como si no fuera una obligación del cargo que ostenta- contó que la noche del lunes lo escuchó diciéndole a Díaz prohibir que menores edad sean transportados como pasajeron en motocicletas.
"Anoche lo escuché que estaba palticando con el comisionado general (Díaz) diciéndole que no pueden viajar niños o menores de edad en motocicletas, porque nos exponemos a más accidentes, más muertes, más dolores", dijo en la habitual conexión de mediodía que difunden los medios oficialistas.
La sancionada funcionaria, precisó que los controles "más estrictos sobre la velocidad" no son definitivos y que hasta que no se demuestre su efectividad "en la práctica" no serán llevados a la ley.
"Antes de publicar una ley, todo esto tiene que ser probado en la práctica, de modo que podamos garantizar que funcione", dijo Murillo para justificar el inusual método al que han recurrido para atender uno de los problemas más graves de salud pública y seguridad enel país.
Las medidas del régimen obedecen a las elevadas cifras los accidentes de tránsito en el país, que ha expuesto la ineficacia de la Policía para controlar la siniestralidad vial.
