Senadores estadounidenses demandan sanciones contra magistrados, fiscales y jueces de Nicaragua

Senadores estadounidenses advierten a funcionarios nicaragüenses que, “a menos que cambien de rumbo y actúen como ejecutores neutrales de la ley, y respeten las normas democráticas, la comunidad internacional los responsabilizará de sus acciones”.

Siete senadores estadounidenses solicitaron este jueves a la administración Trump sanciones contra funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía de Nicaragua por su papel en la represión contra manifestantes antigubernamentales desde abril de 2018.  

De concretarse, las sanciones podrían afectar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces y fiscales que, siguiendo directrices del régimen de Daniel Ortega, han procesado a centenares de presos políticos desde abril de 2018. 

La petición fue dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al secretario del Tesoro estadounidense Steven T. Munich.  

Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, junto a los senadores Marco Rubio, Ted Cruz, David Perdue, James Lankdord, Christopher Murphy y Benjamín Cardin basan su petición en la sección 5 de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 y la Orden Ejecutiva 13851. 

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Esta solicitud llega cinco días después del anuncio de sanciones contra el jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés; y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.

Hasta ahora, Estados Unidos ha sancionado a 15 funcionarios de alto rango y seis entidades del régimen, incluyendo a la Policía, Rosario Murillo y dos de sus hijos. 

LOS ARGUMENTOS 

Los senadores estadounidenses consideran que su política de sanciones debe estar conectada a una estrategia diplomática más amplia con respecto a Nicaragua.  

En este caso, indican en la misiva, es importante que los miembros del Poder Judicial nicaragüense comprendan que, “a menos que cambien de rumbo y actúen como ejecutores neutrales de la ley, y respeten las normas democráticas, la comunidad internacional los responsabilizará de sus acciones”. 

Sobre la Fiscalía y los jueces, sostienen que “bajo la influencia del partido FSLN de Ortega han facilitado y respaldado los abusos cometidos por grupos armados progubernamentales y la policía contra los manifestantes y sus partidarios”. 

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“Las organizaciones internacionales de derechos humanos han aportado pruebas de que miembros de alto rango del Poder Judicial han llevado a cabo procesamientos sin el debido proceso y no han logrado responsabilizar a los grupos progubernamentales por sus crímenes”, agregan los legisladores norteamericanos.  

Finalmente, los senadores destacan las sanciones emitidas hasta ahora por la Administración Trump, pero afirman que “aún se necesitan más acciones”.