Nicaragua se ubica entre los siete países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional

Nicaragua ha escalado al podio de la corrupción bajo la dictadura de Daniel Ortega. A nivel del continente americano, el país se sitúa como el segundo país más corrupto, solo por debajo de Venezuela y a la par de Haití, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado este martes por Transparencia Internacional.

Un contexto de impunidad generalizada y la ausencia total de la independencia del Poder Judicial es lo que ha colocado a Nicaragua en la peor escala del índice, no solo en del continente sino también del mundo, pues en la lista global de180 países evaluados aparece en el puesto 172, es decir, está entre los siete más corruptos del planeta.

El IPC 2023 clasifica a 180 países y territorios de todo el mundo, según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, con una puntuación de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio). Nicaragua reprobó la evaluación con apenas 17 puntos, dos puntos menos que el año pasado, lo que da una perspectiva clara de la profundización de la corrupción en el país.

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Si bien el país nunca ha alcanzado ni la nota media en la escala utilizada por el índice para medir la corrupción, desde 2013, cuando recibió un puntaje de 29 puntos, experimenta un progresivo deterioro.

UN MAL EN EXPANSIÓN

En general, el informe 2023 de Transparencia Internacional alerta de un preocupante deterioro de la lucha contra la corrupción en las Amércias, marcada por la ausencia de independencia judicial que debilita el Estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y criminales.

«Esto hace que muchos sistemas de justicia en toda la región sean incapaces de aplicar la ley de manera efectiva e imparcial o de ejercer su función como control, lo cual es fundamental para todas las democracias que funcionan bien», declaró Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de TI.

El organismo identifica que en la región prima una sensación de impunidad y la incapacidad de jueces y fiscales para garantizar juicios justos que genera la pérdida de la confianza en el Poder Judicia.

«Esto, a su vez, desalienta las denuncias, ya que la institución se percibe como corrupta, poco confiable e insegura. Los más afectados son los más pobres y los grupos vulnerables, como las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las minorías sexuales y las personas migrantes. Estos grupos a menudo experimentan discriminación cuando intentan obtener justicia», anotó.

NICARAGUA Y VENEZUELA SON DICTADURAS

A los casos de Nicaragua y Venezuela -dijo Torchiaro- se añade el agravante del desmantelamiento de la democracia. No se puede perder de vista que «estamos hablando de dictaduras», señaló en referencia a los regímenes que lideran el sandinista Daniel Ortega y el venezolano Nicolás Maduro.

La consejera regional para las Américas de TI agregó que en ambos países no existe ningún tipo de división de poder, reina la opacidad y las fronteras entre lo legal y lo ilegal «son extremadamente difusas».

Ortega es señalado de graves violaciones y abusos de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; despojo de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país valiéndose del control absoluto que ejerce sobre los poderes del Estado, según un informe del Grupo de Expertos de la ONU.

GUATEMALA PREOCUPA, PERO HAY ESPERANZAS

A Torchiaro también le preocupa el caso de Guatemala, al ser de los países que más han caído en IPC desde 2012 -diez puntos-, principalmente debido a la construcción de una élite económica y política en el país con tres gobierno consecutivos aliados con prácticas corruptas.

En Guatemala el denominado «Pacto de los corruptos» ha cooptado a través de diferentes estrategias las instituciones del Estado, fundamentalmente al poder judicial para poder permanecer en el poder y poder garantizar su impunidad, señaló.

Al mismo tiempo depositó su esperanza en el nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, que asumió el poder con «una bandera anticorrupción muy importante».

En Brasil también se contempla una «tendencia regresiva» en la lucha contra la corrupción en los últimos años, en lo que tanto el antiguo presidente, Jair Bolsonaro, como el actual, Luiz Inácio Lula da Silva, han destinado personas de su confianza a puestos clave como la Fiscalía General.

Chile, a pesar de mantener una posición destacada en el IPC por la fortaleza de sus instituciones democráticas y altos niveles de transparencia, también es considerado por TI como uno de los países «a observar», al haber caído significativamente su puntuación desde 2014.

Esto se debe a diversos casos de corrupción que han salpicado a figuras de casi todos los principales partidos políticos y muchas de las instituciones más relevantes del Estado.

No obstante, Torchiaro se mostró convencida de que el país está posicionado para recuperar el liderazgo en la región al contar con instituciones mucho más fuertes que el resto de países y un sistema de pesos y contrapesos que funciona mejor, además de una nueva estrategia nacional de anticorrupción.

DOMINICANA ES LA EXCEPCIÓN

República Dominicana es el único país latinoamericano que por varios factores mejora en el Índice de Percepción de 2023, aunque principalmente por el fortalecimiento de su poder judicial a través de nombramientos independientes, destacó.

Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 73, 66 y 55 puntos, respectivamente, los únicos tres por encima de los 50 puntos, según este índice.

En una franja media, aunque de todas formas por debajo del aprobado, se sitúan Cuba (42), Colombia (40), Argentina (37), Brasil (36), República Dominicana y Panamá (35), Ecuador (34), Perú (33), El Salvador y México (31), Bolivia (29) y Paraguay (28).

TI subraya que la región de las Américas «necesita con urgencia un poder judicial más sólido e independiente para garantizar la justicia, actuar ante la impunidad y enfrentar el crecimiento de las redes de corrupción».

Torchiaro destacó también la responsabilidad de los ciudadanos, que deben exigir la rendición de cuentas y subrayó la oportunidad en este «superciclo electoral» entre los comicios que se celebraron en 2023 y los que habrá este año en la región, para ejercer el voto «con conciencia» y no concedérselo más a los corruptos.

En general, Transparencia Internacional señaló que para combatir la corrupción en las Américas, resulta imprescindible garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos.

*Con información de EFE