Supervigilancia en Managua, Ortega robustece el estado policial con sistema de cámaras

La Alcaldía de Managua invierte de manera sigilosa millones de córdobas en ampliar un circuito cerrado de videovigilancia para controlar en tiempo real todo lo que se mueve en la vía pública.

En papel, la inversión se justifica en la necesidad de reforzar la seguridad. No obstante, en la práctica hay un turbio negocio con el que lucran allegados al partido sandinista, del que no se riende cuentas. Tampoco se informa a la población que todos sus movimientos son grabados 24/7 por decenas de cámaras que flanquean las principales vías capitalinas.

Algunos ciudadanos consideran que se trata de tecnologías usadas en otros países para espiar y reprimir a la población. Opositores coinciden en que en tiempos de dictadura como los que corren, al mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo, esto advierte del robustencimiento de un sistema para aumentar el control y la vigilancia que se impone en el país desde 2018, tras la represión a las propuestas ciudadanas.

“Estos son los pasos de avance que tiene este Estado policíaco porque los Ortega-Murillo desconfían de su propia sombra”, advierte la exguerrillera y ex rea política, Dora María Téllez a propósito de una investigación de DESPACHO 505 que le sigue el rastro al contrato por 4.4 millones de dólares que la comuna adjudicó a una empresa fantasma que supuestamente representa a una gran corporación con sede en Singapur.

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Téllez cuestiona la falta de transparencia en la adjudicación de los contratos para la compra e instalación del sofisticado sistema de vigilancia pública que deja en evidencia el contrato que la alcaldesa de Managua, Reina Rueda firmó en junio de 2023 a favor de la compañía Bigo Tecnología & Ingeniería S.A., de la que no existe ningún récord comercial en el país, pero que fue seleccionada como «idónea» para ejecutar 4.4 millones de dólares en la instalación del sistema de videovigilancia en Managua.

DESPACHO 505 reveló que dicha empresa está conectada a Edgard Danilo Avendaño Barrios, un ingeniero nicaragüense desconocido que dice ser el representante de la transnacional radicada en Singapur. 

CERO SEGURIDAD CIUDADANA

Para Dora María Téllez, la dictadura de Nicaragua necesita saber que tiene el control total de todo y de todos, “pero para eso gastan millones y millones de dólares” del Presupuesto General de la República y de los presupuestos municipales recortando otros proyectos, y “fortaleciendo este modelo de Estado policiaco”.

“No podemos esperar (que las cámaras) sirvan para mayor seguridad ciudadana”, advierte Téllez, quien recordó el asesinato en los primeros días de enero de este año de un joven cuyo cuerpo apareció cerca de Plaza El Sol, donde están las instalaciones de la Policía y donde se supone que hay vigilancia permanente. 

“Al régimen lo que le interesa es controlar la movilización social y participación política y no está interesado en controlar la delincuencia. Hay que acordarse que han sacado en los últimos dos años más de 25 mil presos a la calle sin cumplir los mínimos requeridos por la Ley”, asegura Téllez.

Por su parte, el ex preso político Medardo Mairena afirma que la dictadura de Nicaragua avanza en su afán de controlar a la sociedad nicaragüense, “espiando todas las actividades de los ciudadanos, sin respetar los derechos a la privacidad y aprovechan las inversiones para hacerse más ricos con empresas de maletín”.

¿ESPÍAN A LOS CIUDADANOS?

Juan Diego Barberena, abogado y opositor al régimen de los Ortega-Murillo, cuestionó la instalación de las cámaras de vigilancia debido a que se violenta el derecho de las personas a circular libremente y de realizar actividades de protesta ciudadana. 

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“Estas cámaras están situadas para vigilar y detectar quienes hacen algunos actos de protesta”, expresa Barberena quien recordó la captura de unas jóvenes que protestaron en agosto por el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA).

“Estas cámaras se convierten en un instrumento represivo e ilegítimo en cuanto a la persecución penal de los ciudadanos y que tiene la finalidad contener la movilización política y aumentar los avances del Estado policial que tiene rasgos totalitarios”, expone el abogado.