“Callar, no denunciar, ni exigir justicia”, la política del régimen para aparentar disminución de la violencia contra la mujer

La feminista María Teresa Blandón explica en esta entrevista que la administración Ortega-Murillo busca “minimizar la gravedad de la violencia contra las mujeres y aparentar unos avances que en realidad no existen en la prevención de la violencia contra las mujeres y una supuesta reducción del femicidio”.

Septiembre cerró en Nicaragua con un conteo de 49 mujeres asesinadas,tres más que en el mismo periodo de 2018. El dato preocupa a las organizacionesde mujeres, más cuando oficialmente solo reconocen 17 femicidios en un intentopor “aparentar avances” sin implementar políticas efectivas y urgentes para contrarrestarla violencia contra las mujeres.

María Teresa Blandón, socióloga, miembro del MovimientoFeminista de Nicaragua y directora del programa La Corriente, explica que elEstado de Nicaragua hace una omisión deliberada de los hechos para “minimizarla gravedad del problema, ocultar la gravedad de la violencia contra lasmujeres y aparentar unos avances que en realidad no existen en la prevención dela violencia contra las mujeres y una supuesta reducción del femicidio”.

Blandón señala que en temas de  violencia Nicaragua tiene grandes desafíos,mismos que parte por  el restablecimientode la institucionalidad; y a partir de eso derogar las reformas a la Ley IntegralContra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), y a trazar políticas oacciones para que la sociedad asuma su cuota de responsabilidad en la tarea deprevenir la violencia y los femicidios.

En esta entrevista, Blandón analiza el discurso de unidadfamiliar del orteguismo y pone en evidencia que promueve el  silencio y la impunidad.

¿Cuántos femicidioshan registrado las organizaciones de mujeres en lo que va del año?

Las organizaciones de mujeres han registrado al menos 49femicidios en lo que va del año, de las cuales 7 son niñas menores de 13 años.Nos basamos para dar estos datos, tanto en la información directa que tienenlas organizaciones de mujeres como en los registros que hacen los medios decomunicación. Es decir, la señora Rosario Murillo reportó 29 femicidios menos,esto ha sido una constante durante los últimos 12 años, el encubrimiento de laviolencia machista contra las mujeres por parte del régimen de Daniel Ortega yRosario Murillo.

¿A caso el régimenestá tratando de invisibilizar la violencia contra las mujeres?

Se trata de minimizar la gravedad del problema, ocultar lagravedad de la violencia contra las mujeres y se trata de aparentar unosavances que en realidad no existen en la prevención de la violencia contra lasmujeres y en una supuesta reducción del femicidio, es decir, forma parte de unaestrategia discursiva por parte del régimen Ortega-Murillo para aparecer comoun gobierno comprometido con la prevención de la violencia contra las mujeres.

¿Se puede decir que existeresponsabilidad institucional en los femicidios registrados?

Lo que se puede decir es que cuando hay impunidad, cuando elEstado no ejerce la función de prevenir, de investigar y de sancionar a losresponsables de esa violencia, pues el Estado se convierte en cómplice. Laimpunidad crea unas condiciones que propician, que alientan la violencia contralas mujeres.

Ante esta situaciónde impunidad ¿Han quedado las mujeres en la indefensión o hay otros mecanismosa los que puedan recurrir?

Tenemos otros mecanismos, pero el Estado tiene suresponsabilidad, es decir, el Estado por ley, de acuerdo a lo que dice la Ley779 – Ley Integral contra la violencia hacia la mujer – es el encargado deprevenir; de recibir las denuncias; de hacer las averiguaciones del caso ysancionar a los acusados, esa es función del Estado.

Al resto de la sociedad nos corresponde hacer lo que estamoshaciendo; denunciar, acompañar a las víctimas, apoyar en procesos dereparación, desarrollar procesos de sensibilización, es decir, todos tenemosuna responsabilidad, pero aquí el Estado en la parte que le toca ha fallado.

Ha fallado porque desapareció las Comisarias de la Mujer, porque se reformó de manera ilegal la Ley 779, porque no atiende adecuadamente a las víctimas, porque apenas interviene cuando ya estamos frente a un hecho consumado porque ya no tienen vuelta para atrás, como es con el femicidio y también el Estado desde que el régimen Ortega-Murillo regresó al poder ha desarrollado una retórica, un discurso que banaliza la violencia, que no asume, que  no quiere entender la violencia, que además ha defendido un discurso de unidad familiar que en realidad significa pedirle a las víctimas que callen, que no denuncien, que no reclamen justicia.

Lo grave es que ese discurso oficial se convierte encómplice de los agresores, que tolera y promueve la violencia contra lasmujeres, que disuade a las víctimas de reclamar justicia.

 ¿Cómo ha influido la crisis sociopolítica enla profundización de la violencia contra la mujer? Recientemente, una mujer deorigen estadounidense fue asesinada de un balazo en la cabeza en Matagalpa.

Independientemente de la nacionalidad de las víctimas, queno tiene ninguna relevancia, todos los femicidios han sido actos crueles. Entodos los casos el agresor le ha hablado a la sociedad a través del acto deviolencia. Y cuál es el lenguaje de esa saña, de esa crueldad con la que asesinana las niñas, es decir: “yo tengo derecho sobre este cuerpo, sobre esta vida. Yopuedo disponer de la manera que a mí me plazca. Esta persona me pertenece. Notiene derechos. Yo como agresor sé que puedo disponer de su vida, porque no hayleyes que se cumplan, porque no hay instituciones del Estado que actúenoportunamente y porque a nivel social hay enormes niveles de tolerancia ante laviolencia machista”.

¿Tendrían quedisponerse entonces políticas públicas enfocadas en la prevención de laviolencia contra la mujer y así disminuir los casos de femicidios?

Tiene que haber cambios en la sociedad y ahí todos tenemosuna responsabilidad, además tiene que haber formas de protección a nivel de laspropias familias, a nivel de las comunidades.

Tiene que haber un compromiso de los ciudadanos de a piepara proteger la integridad física de las niñas, de las adolescentes, de lasmujeres. Tiene que haber una actitud responsable de los medios de información.Tiene que haber un compromiso de las organizaciones de la sociedad civil; tieneque haber una actitud comprometida y responsable de los partidos políticos y,claro, tiene que haber una obligación de ley porque está planteado en laConstitución Política y en convenios internacionales, tales como: la Convenciónde Belém Do Pará por parte del Estado, entonces, se tiene que revisar la Ley779 para regresarla a su versión original y quitar todas las reformas ilegalesque hizo el régimen de Ortega-Murillo.

Además, se tiene que restablecer la ruta institucional quese había creado antes de que Ortega regresara al poder, en donde la Policía, laFiscalía, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y el Ministerio deEducación tenían responsabilidad específicas para prevenir la violenciamachista y para lograr que las víctimas tengan acceso a la justicia.

El caso de SeyliParrales evidencia la falta de atención a las denuncias de violencia, puestoque la joven acudió a la Policía y no le brindaron atención y terminó siendovíctima de un femicidio frustrado ¿Son este tipo de negligencias las que sedeben evitar en las instituciones?

Esa y otros tipos de omisiones son las que se deben evitar.Es decir, de las 49 víctimas sabemos que al menos 20 habían interpuestodenuncia en la Policía Nacional, en donde efectivamente la Policía minimizó lagravedad de las amenazas de los femicidas o, en el peor de los casos, nisiquiera las atendieron. En ningún caso movieron un dedo para ir a investigar,entonces, son esas y otras omisiones, son también las omisiones cuando haydenuncias por violaciones, abuso sexual o son mujeres que se atreven adenunciar el acoso sexual. Es decir, es todo el conjunto de la inacción delEstado, de la indolencia del Estado, de la falta de legalidad con la que actúael Estado frente a las víctimas de violencia machista.

¿Qué tanto afectó elcierre de las Comisarias de la mujer?

El cierre fue letal. Era la primera puerta donde lasvíctimas llegaban y denunciaban, era la ruta de entrada para que el Estado sehiciera cargo.

¿Realmente cumplíansu función? Muchos criticaban su funcionamiento

Una cosa es que se les criticara porque tuviesendeficiencias, que efectivamente las tenían, pero evidentemente la respuesta noes cerrarla. Frente a críticas por los problemas de funcionamiento, de falta depersonal o de insuficiente capacitación la respuesta era fortalecerlas nocerrarlas. Cerrarlas significa haberles cerrado las puertas a las víctimas,para que el Estado pudiera prevenir actos de violencia incluyendo el femicidio.

A nivel internacional¿Cómo queda Nicaragua con un Estado que minimiza el nivel de violencia que hayen Nicaragua contra las mujeres?

En el marco de los mecanismos internacionales que tieneplanteada la convención para la eliminación de todas las formas dediscriminación contra las mujeres y también de la Convención de Belém Do Paráque establece obligaciones de los Estados Americanos para prevenir, sancionar yerradicar la violencia contra las mujeres, el régimen Ortega-Murillo queda muymal parado, en el sentido que es un gobierno que no ha tomado en serio losacuerdos internacionales para afrontar de manera integral y de forma sosteniblela violencia contra las mujeres, que como ya sabemos es uno de los indicadoresmás relevantes en materia de inequidad, es decir, este gobierno queda expuestoante la comunidad internacional como un gobierno que no ha puesto en el centrode su gestión pública los derechos humanos de las mujeres y, en particular, elderecho de vivir libre de violencia.