La ONU eleva las desapariciones forzadas en Nicaragua a crimen de lesa humanidad y exige saber el paradero de 29 opositores
La desaparición forzada en Nicaragua ya no es vista solo como una grave violación a los derechos humanos, sino como un crimen de lesa humanidad ejecutado bajo un patrón de crueldad estatal. Esa es la conclusión principal del último informe presentado este martes en Ginebra, Suiza, por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN).
El informe “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, documenta un total de 161 casos de desaparición forzada analizados desde abril de 2018. Sin embargo, los expertos de la ONU revelan un cambio cualitativo a partir de 2023.
Desde entonces, la práctica estatal evolucionó de detenciones breves con incomunicación temporal a una estrategia sistemática de desaparición prolongada que se extiende por meses o años.
Al 31 de agosto de este año, el GHREN verificó que 29 personas opositoras o percibidas como críticas continúan en situación de desaparición forzada, sin que las autoridades proporcionen información sobre su paradero, estado de salud o situación legal.
“Un Estado que recurre a las desapariciones forzadas y permite que las personas mueran bajo su custodia no cumple las normas mínimas de derechos humanos exigidas para una gobernanza democrática creíble”, dijo Jan-Michael Simon, presidente del Grupo.
¿Por qué son catalogadas como crímenes de lesa humanidad?
El Grupo de Expertos determinó que las desapariciones forzadas en Nicaragua constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad al formar parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil por motivos políticos.
En términos jurídicos, esta práctica es incluida en la categoría de «otros actos inhumanos». La privación intencional y prolongada de información sobre el paradero de una persona, explican, conlleva sufrimientos físicos y mentales severos, atentando de forma grave contra la dignidad humana del detenido y de sus familiares.
Además, hay elementos de encarcelación arbitraria y tortura. Segun el informe, el ocultamiento del detenido se combina con la fabricación de delitos, la denegación del debido proceso, el aislamiento severo y la negativa sistemática a suministrar atención médica oportuna.
La persecución política en Nicaragua también es metódica. La práctica no es aislada, sino que busca neutralizar, castigar y silenciar a un perfil cada vez más amplio de ciudadanos: líderes religiosos, dirigentes indígenas, activistas, disidentes sandinistas, exmilitares y sus núcleos familiares.
¿Qué se revela sobre esta práctica?
El documento de la ONU expone que el régimen utiliza la desaparición prolongada como una herramienta deliberada de represión. Las autoridades policiales y penitenciarias niegan sistemáticamente la reclusión de las personas, mientras que el Poder Judicial —reducido a la categoría de «órgano» bajo las órdenes de Ortega y Murillo— actúa como un engranaje de encubrimiento al rechazar o archivar de forma automática los recursos de habeas corpus presentados por los familiares.
La investigación destaca una particularidad crítica: un número significativo de las víctimas son personas adultas mayores o pacientes con enfermedades crónicas (como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal o cáncer). En estos casos, la incomunicación y el rechazo a entregar medicamentos convierten a la desaparición forzada en una amenaza directa contra el derecho a la vida, un patrón que el propio GHREN relaciona con las muertes bajo custodia registradas en el país.
Uno de estos casos es el de Brooklyn Rivera, líder indígena y exdiputado fallecido este año bajo custodia estatal. “El Gobierno de Nicaragua le quitó a Brooklyn Rivera su libertad, luego su salud y, por último, la vida,” dijo Reed Brody, experto miembro del Grupo. “Su explicación de lo sucedido está plagada de inconsistencias, y se ve empañada por su negativa a permitir una autopsia independiente y por la prisa por enterrarlo antes incluso de que su familia pudiera despedirse de él.”
Los expertos de Naciones Unidas atribuyen la responsabilidad penal individual prima facie a la cúpula del poder dictatorial. El texto señala expresamente que esta estructura opera bajo el control centralizado de Daniel Ortega y Rosario Murillo, coordinados con los mandos de la Policía, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Exigen revelar el paradero de los desaparecidos
La ONU pide a la dictadura dar a conocer de inmediato a las familias y defensores legales la ubicación exacta y la condición física de las 29 personas desaparecidas.
Asimismo se llama a la liberación inmediata de los presos políticos y el acceso irrestricto de organismos independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a las cárceles y centros de detención.
Los expertos urgen a cesar el aislamiento, permitir evaluaciones médicas independientes bajo el Protocolo de Estambul y dar trámite real a las garantías de habeas corpus.
Durante la presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pidieron a la comunidad internacional iniciar investigaciones penales en sus tribunales nacionales bajo el principio de jurisdicción universal para juzgar a los responsables de estas desapariciones.
“El Grupo ya ha dejado constancia oficial de nombres, estructuras y pruebas”, afirmó Ariela Peralta, experta miembro del Grupo. “Los gobiernos y las fiscalías en todo el mundo disponen de los elementos necesarios para actuar, exigiendo responsabilidades dónde se pueda”.
La lista de las 29 personas en desaparición forzada
El informe del GHREN identifica con nombre y edad a las 29 personas que, al 31 de agosto de 2026, continuaban desaparecidas a manos del régimen nicaragüense.
La lista de las 29 personas en desaparición forzada
El informe del GHREN identifica con nombre y edad a las 29 personas que, al 31 de agosto de 2026, continuaban desaparecidas a manos del Estado nicaragüense:
- Víctor Boitano Coleman (65 años) – Coronel retirado del Ejército.
- Eddie Moisés González Valdivia (68 años) – Mayor retirado del Ejército, profesor y consultor.
- Steadman Fagoth Müller (73 años) – Líder indígena miskitu y exasesor presidencial.
- José Danilo Jirón Gudiel (54 años) – Comerciante y miembro del Movimiento Campesino.
- Elvia Junieth Flores Castillo (37 años).
- Hija menor de edad de Elvia Flores (9 años al momento de la detención).
- Hija menor de edad de Elvia Flores (15 años al momento de la detención).
- Larry Javier Martínez Romero (32 años) – Albañil y activista.
- Carlos Ramón Brenes Sánchez (70 años) – Coronel retirado del Ejército.
- Salvadora del Socorro Martínez Aburto (69 años) – Esposa del coronel retirado Carlos Ramón Brenes.
- Ricardo José Mendoza Yrigoyen (64 años).
- Claudia Magaly Munguía Mayorga (54 años) – Empresaria y comerciante.
- Douglas Gamaliel Centeno Pérez (46 años).
- Byron Miguel Espinoza Flores (31 años).
- Alexander Enrique Espinoza Flores (28 años).
- Alda López Bryan (64 años) – Hermana del fallecido líder indígena Brooklyn Rivera Bryan (detenida tras su muerte).
- Jordys Escobar Bryan (45 años) – Familiar de Brooklyn Rivera Bryan.
- Korny Juber Valle Bushey (28 años).
- Jorge Webster Rojas (64 años).
- Florencia Sarmiento Alejandro (59 años).
El informe resguarda la identidad de las personas restantes por motivos de seguridad solicitados por sus familiares, pero mantiene sus casos contabilizados dentro del patrón verificado por el GHREN.
