Organizaciones indígenas denuncian una nueva ola de violencia, desalojos y presión minera

La violencia y el despojo de tierras en los territorios mayangna de la Costa Caribe Norte de Nicaragua han entrado en una nueva fase. Organizaciones indígenas y afrodescendientes denuncian que a los ataques y amenazas de colonos armados se suman ahora acciones de presión territorial que atribuyen a estructuras políticas y administrativas regionales y municipales.

La denuncia fue formulada en un pronunciamiento público fechado el 12 de septiembre, en el que las organizaciones advierten de un “repunte de la violencia extrema” y documentan situaciones ocurridas en las comunidades de Wilú e Ispayul ilna y en el territorio Mayangna Sauni Bu.

El señalamiento más grave apunta a un cambio en las formas de ocupación de las tierras indígenas. Las organizaciones sostienen que durante años las comunidades enfrentaron principalmente invasiones y ataques de colonos, pero aseguran que ahora existen actuaciones desde las propias estructuras de poder de la Costa Caribe Norte que aumentan la presión sobre esos territorios.

“Se ha pasado de una ocupación violenta a través de colonos armados a una ocupación, también violenta, promovida por estructuras políticas y administrativas de la región autónoma de la Costa Caribe Norte y de sus municipios”, afirma el pronunciamiento.

Colonos armados asedian Wilú

Uno de los casos denunciados ocurre en Wilú, en el territorio Mayangna Sauni As. Según las organizaciones, la comunidad enfrenta nuevamente la presencia y el asedio de colonos armados, una situación que mantiene a las familias bajo temor y restringe el desplazamiento y las actividades cotidianas.

La amenaza, aseguran, afecta incluso la posibilidad de cultivar y obtener alimentos en sus propias tierras.

La comunidad solicitó protección a la unidad de la Policía en Musawas el pasado 18 de agosto, pero, según el pronunciamiento, no obtuvo respuesta.

Wilú ya fue escenario de uno de los ataques más graves registrados en los territorios indígenas durante los últimos años. El 11 de marzo de 2023, cinco comunitarios indígenas fueron asesinados, otros resultaron heridos y al menos 16 viviendas fueron incendiadas durante un ataque atribuido a colonos.

Las organizaciones consideran que la falta de respuesta ante las nuevas advertencias mantiene a la población expuesta a otro episodio de violencia.

Denuncian presiones para desalojar a indígenas

La segunda alerta procede de la comunidad de Ispayul ilna, en Sauni Arungka. Las organizaciones aseguran que familias indígenas enfrentan exigencias de desalojo que, según documentación citada en el pronunciamiento, provendrían de orientaciones del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte.

El caso es utilizado por los firmantes para sustentar su denuncia de que el conflicto territorial ya no se limita a las invasiones protagonizadas por colonos.

Las organizaciones acusan a las autoridades regionales y municipales de promover, respaldar o ejecutar acciones que aumentan la presión sobre comunidades asentadas en territorios indígenas.

Preocupación por expansión minera

A la violencia y las amenazas de desalojo se añade la expansión de la minería. El pronunciamiento señala que el 7 de septiembre fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, una nueva concesión minera otorgada a Linze Excelente Minería, S. A., para el lote denominado “Jade”, con una extensión de 26.205,75 hectáreas en el municipio de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Según las organizaciones, la concesión fue aprobada sin un proceso de consulta libre, previa e informada con las comunidades afectadas. También señalan que el Consejo Regional de la Costa Caribe Norte emitió su aprobación a la solicitud.

Para los firmantes, la expansión minera constituye otra forma de presión sobre territorios que las comunidades consideran ancestrales y amenaza sus fuentes de agua, suelos y formas de subsistencia.

“Nos preocupa enormemente la expansión de la minería y con bajos niveles de regulación, sin consentimiento de las comunidades”, señalan.

Jóvenes atacados con machetes

El pronunciamiento documenta además un episodio reciente de violencia en el territorio Mayangna Sauni Bu.

El 6 de septiembre, jóvenes del equipo deportivo Kayayawas fueron atacados con machetes cuando regresaban de un encuentro deportivo. Varios resultaron heridos, según las organizaciones, que no ofrecen en el documento detalles sobre la identidad de los atacantes ni el número exacto de lesionados.

El hecho es presentado como parte de la persistencia de ataques y agresiones contra integrantes de las comunidades mayangna.

Las organizaciones sostienen que existe un “patrón de impunidad” y responsabilizan al Estado por no garantizar la protección de los territorios y sus habitantes.

Exigen protección inmediata

El pronunciamiento está firmado por organizaciones indígenas y afrodescendientes de la Moskitia, entre ellas la Asociación Mayangna para el Desarrollo Social (AMDES), y exige al Estado medidas inmediatas de protección para las comunidades amenazadas.

También reclama a las autoridades policiales y judiciales investigaciones “independientes, exhaustivas y diligentes” sobre los ataques, amenazas y agresiones, así como la identificación de los responsables.

A las autoridades regionales y municipales les demandan abstenerse de “promover, respaldar o ejecutar acciones de desalojo o presión territorial contra comunidades indígenas”.

Las organizaciones piden además la intervención de la comunidad internacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para dar seguimiento a la situación y exigir al Estado nicaragüense medidas efectivas de protección.

El pronunciamiento concluye con tres reivindicaciones que resumen la gravedad con la que las organizaciones describen el momento que atraviesan las comunidades: “Los territorios Mayangna no se venden. La vida Mayangna no se negocia. La dignidad Mayangna no se ultraja”.