La OEA estrecha el cerco a Ortega y Murillo: cancilleres definirán acciones ante su deriva autoritaria

El Consejo Permanente de la OEA aprobó este miércoles la convocatoria de una reunión de cancilleres para abordar la crisis de Nicaragua ante la pretensión del régimen de abolir las elecciones para perpetuarse en el poder. El proyecto, presentado por Estados Unidos con el respaldo de Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, obtuvo 29 votos a favor.

Brasil fue el único país que votó en contra y México se abstuvo. La iniciativa necesitaba al menos 18 votos para salir adelante.

El resultado superó ampliamente la mayoría requerida y abre una nueva fase en la respuesta de la organización a las reformas constitucionales con las que Ortega y Murillo pretenden sustituir las elecciones por voto popular por un sistema de designación del poder y abolir la alternancia democrática. La fórmula adelantada por el régimen es una «presidencia renovable» cada siete años.

La resolución aprobada sostiene que los acontecimientos recientes en Nicaragua constituyen «un problema de carácter urgente y de interés común» para los países del continente y afirma que «la democracia representativa […] ya no existe» en el país.

El encuentro de cancilleres deberá celebrarse en la sede de la OEA «tan pronto como sea posible» para examinar la situación de Nicaragua y considerar las acciones que correspondan conforme a la Carta de la organización, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.

La fecha todavía no ha sido definida. La resolución encarga a la Presidencia del Consejo Permanente, con el apoyo de la Secretaría General, preparar el temario y el reglamento de la reunión.

EE.UU. insta a pasar a la acción y darle por fin una lección al régimen

Antes de la votación, Estados Unidos defendió la convocatoria como el paso necesario para que el hemisferio deje atrás las condenas sin consecuencias y avance hacia una respuesta colectiva frente a la «tragedia» en Nicaragua. Su representante, Michael Kozak, sostuvo que «la erosión de la democracia en un país de las Américas nunca es un tema interno» y advirtió que limitarse a condenar sin adoptar acciones institucionales le enseña a Daniel Ortega y Rosario Murillo que puede «simplemente esperar».

«Mostrémosle que ya no puede simplemente esperar, mostrémosle que somos un Consejo de resolución y acción», emplazó Kozak a las delegaciones.

El diplomático insistió en que la resolución no establece de antemano medidas contra Nicaragua, sino que abre la puerta para que los cancilleres se reúnan, examinen la situación y decidan colectivamente qué acciones adoptar de acuerdo con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.

Kozak reconoció que la convocatoria «por sí misma no va a resolver la tragedia en Nicaragua», pero sostuvo que permitiría demostrar que las decisiones de la organización son más que «palabras en un papel». También vinculó la actuación de la OEA con el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes. «Es su derecho, no el nuestro, el derecho a las elecciones», afirmó, antes de pedir a los Estados miembros que permitan a los cancilleres “reunirse y hacer su trabajo».

Costa Rica reitera preocupación por amenaza a la seguridad nacional

Costa Rica, copatrocinador de la resolución, afirmó que la convocatoria urgente de los cancilleres responde al «progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas», el cierre del espacio cívico y la eliminación del pluralismo político y de las elecciones como mecanismo de acceso al poder en Nicaragua.

Además reiteró que la crisis nicaragüense ha dejado de ser un problema que pueda considerarse exclusivamente interno. «Sus consecuencias políticas, humanitarias, migratorias y de seguridad trascienden las fronteras nacionales y afectan directamente a nuestra región», afirmó. Como país vecino sobre el que recae el grueso de la expulsión masiva de miles de ciudadanos -dijo el representante- le avala para hablar «de manera directa las consecuencias humanas de esa crisis».

«Frente a su quebrantamiento sistemático, la indiferencia y la inacción no pueden ser nuestra respuesta», sostuvo el diplomático que, entre otras cosas dejó claro que «convocar una reunión de consulta no significa cerrar las puertas al diálogo. Por el contrario, representa la decisión colectiva de no permanecer indiferentes».

La votación estuvo precedida por un tenso intercambio entre las delegaciones sobre el alcance de la decisión que debía adoptar el Consejo Permanente. Argentina, Paraguay, Brasil y Perú reclamaron claridad sobre los términos de la consulta ante la trascendencia de una resolución que busca elevar la crisis nicaragüense a una reunión de cancilleres.