Estados Unidos impulsa reunión de cancilleres en la OEA para aislar al régimen de Ortega y Murillo
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará el próximo miércoles una sesión extraordinaria para considerar las reformas constitucionales con las que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden anular las elecciones en Nicaragua y afianzar su dinastía.
La sesión se convoca a solicitud de la Misión Permanente de Estados Unidos, con el copatrocinio de la Misión Permanente del Paraguay, para considerar la situación en Nicaragua, junto con el proyecto de resolución titulado “Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en Nicaragua”.
Estados Unidos busca que los gobiernos de la región al más alto nivel fijen su postura frente a lo que pasa en Nicaragua para hacer ver cómo esta decisión de abolir las elecciones no es un asunto interno ya que tiene repercusiones en toda la región.
Una vez aprobada la resolución, se deberá fijar fecha para la reunión de cancilleres donde podrían tomar acciones concretas de manera colectiva.
Presión en aumento
El 19 de julio durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, el dictador Daniel Ortega dijo que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.
Desde entonces, el mundo volvió a poner el foco en la crisis de Nicaragua. Estados Unidos advirtió que una decisión de este calado tiene implicaciones internacionales que afectan la seguridad nacional de los países de la región. La Administración Trump dijo que no se quedaría de brazos cruzados y llamó a sus aliados de la región a aislar a la dictadura.
Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Bolivia, la Unión Europea y otros países han rechazado las pretensiones del régimen de eliminar las elecciones y enterrar la democracia.
Mientras tanto, el régimen avanza con su proceso. La Asamblea Nacional presentó el martes una iniciativa de reforma parcial a la Constitución para que el mandato presidencial, actualmente de seis años, pase a ser de siete años renovables y excluir a los críticos y opositores que sean tildados de “golpistas” o de “traidores a la patria”.
