La dictadura busca legitimar las reformas constitucionales ante el cuerpo diplomático

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostuvo este viernes una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua para intentar legitimar las reformas constitucionales que ya fueron aprobadas en primera legislatura y que modifican las reglas electorales y amplían a siete años los períodos de los cargos públicos.

El encuentro fue presidido por Laureano Ortega, hijo de los dictadores, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y el cocanciller Denis Moncada. El encuentro se se realizó en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La dictadura presentó las reformas como un logro que forma parte de la democracia directa en Nicaragua y puso de ejemplo que consultaron a unas 350.000 personas. Según Porras, en la consulta participaron sectores económicos, sociales, religiosos, universitarios, sindicales, políticos, culturales, militares, policiales y organizaciones de la Costa Caribe.

El oficialismo sostiene que en las consultas participaron sectores económicos, sociales, religiosos, universitarios, sindicales, políticos, culturales, militares, policiales y organizaciones de la Costa Caribe.

La reforma fue aprobada por unanimidad en primera legislatura el pasado 1 de septiembre, durante una sesión de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo. La segunda legislatura será necesaria para su ratificación.

«Democracia directa a lo nicaragüense»

Denis Moncada utilizó un nuevo concepto político para justificar las reformas constitucionales al que denominó «democracia directa a lo nicaragüense».

Este nuevo termino se debe, según Moncada, porque la Comisión impuesta por la dictadura en la Asamblea Nacional está realizando la consulta en los diferentes departamentos del país.

La dictadura intenta así justificar los cambios Constitucionales con la que elimina la participación de opositores y críticos a la dictadura.

Entre los cambios aprobados está la ampliación a siete años de los períodos de los cargos de elección popular y de aquellos que son elegidos o ratificados por la Asamblea Nacional, incluyendo a las actuales autoridades en funciones.

Limita la participación en procesos electorales a partidos políticos afines a la dictadura, ya que bloquea a cualquier candidato que sea considerado «golpistas», «traidores a la patria», o que «promuevan» la «injerencia extranjera» o la intervención militar, quienes respalden sanciones económicas o bloqueos comerciales, o quienes incumplan los principios establecidos en la Constitución.

El Consejo Supremo Electoral, además, recibe nuevas atribuciones para cancelar la personalidad jurídica de partidos políticos y sancionar a candidatos y funcionarios electorales.

A pesar que la dictadura sostiene que en Nicaragua habrá elecciones, reiteró que esas elecciones impedirán que la oposición retorne al poder.