México rompe filas con la comunidad internacional sobre el fin de las elecciones en Nicaragua


México se convirtió este lunes en el primer país de la región en apartarse de la escalada de condenas internacionales desencadenada por el anuncio de Daniel Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum evitó cuestionar la decisión del dictador nicaragüense y apeló al principio de autodeterminación de los pueblos, el mismo argumento que el régimen sandinista ha invocado de forma reiterada para rechazar las críticas de la comunidad internacional por el deterioro de la democracia y las violaciones a los derechos humanos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue consultada sobre el anuncio de Ortega de que Nicaragua «no volverán a haber elecciones» para impedir que la oposición pueda recuperar el poder.

«Cada país decide, cada pueblo decide. Nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada pueblo decide cómo se organiza», fue la respuesta de la mandataria mexicana al ser consultada sobre la decisión del régimen sandinista de eliminar el voto libre y transparente como mecanismo para elegir a las autoridades y admitir públicamente que no está dispuesto a entregar el poder mediante elecciones.

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México al margen de condena mundial

Con la postura de Sheinbaum, México se desmarca del consenso de condena que se había consolidado tras el anuncio de Ortega.

Gobiernos de América, la Unión Europea y Estados Unidos han denunciado la decisión por considerarla un paso definitivo hacia la eliminación de la democracia y la consolidación de un régimen autoritario.

La presidenta mexicana insistió en que México pone por delante la autodeterminación de los pueblos. Nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos». Y dio por finalizado el tema: «Esa es mi respuesta».

La autodeterminación de los pueblos es el principio al que el régimen Ortega-Murillo ha recurrido para rechazar las condenas de gobiernos y organismos internacionales, que consideran que la eliminación de las elecciones, en un contexto de represión y ausencia de libertades, representa un giro definitivo hacia la tiranía.

Ortega y Murillo rompen el orden democrático

El anuncio fue hecho el pasado 19 de julio por el dictador de 80 años durante el acto por el aniversario de la Revolución Sandinista provocó una rápida reacción internacional por representar la supresión del derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes.

Estados Unidos, la Unión Europea, República Dominicana, Perú, Brasil, Costa Rica, Panamá, Bolivia y otros gobiernos expresaron su rechazo y advirtieron del deterioro definitivo del sistema democrático en Nicaragua.

En el caso de Estados Unidos elevó aún más el tono. El secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a la comunidad internacional a aislar al régimen nicaragüense y afirmó que la declaración de Ortega «pone al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria». También sostuvo que Nicaragua no puede esperar mantener relaciones normales con otros países mientras renuncia abiertamente a los principios democráticos.

En medio de la ola de condenas internacionales, Ortega y Murillo avanzan con la reforma cuyo único objetivo visible es garantizar su permanencia en el poder. Aunque el discurso oficial ha evolucionado desde el categórico anuncio de que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones» hasta aclaraciones que hablan de comicios bajo nuevas reglas, todas las señales apuntan en la misma dirección: eliminar cualquier posibilidad de competencia electoral y blindar la continuidad de la dinastía política de los Ortega-Murillo.