Régimen oficializa a Wendy Morales como Procuradora General de Justicia
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó a Wendy Carolina Morales Urbina como Procuradora General de Justicia bajo el Acuerdo Presidencial 127-2025, publicado este viernes, en La Gaceta, Diario Oficial. La formalización de la desginación de Morales la convierte en una pieza clave para la dictadura, colocándola en el círculo de máxima protección política y jurídica.
"El Acuerdo 127-2025 deja sin efecto el nombramiento anterior de Morales, realizado en 2019, y confirma su continuidad en el cargo de Procuradora General de Justicia", especifica La Gaceta.
Además la dictadura nombró a Denis José Sánchez López como Subprocurador General de Justicia, mediante el Acuerdos 128-2025.
Estos nombramientos se producen tras la aprobación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por la Asamblea, controlada por el los sandinistas, el pasado 26 de agosto, con 91 votos a favor y sin debate. La normativa liquidó totalmente la autonomía del Ministerio Público, que a partir de ahora será administrado por la Procuraduría, instancia creada luego de la reforma constitucional anunciada a inicios de agosto por Rosario Murillo.
Los súperpoderes de Wendy
El artículo 4 de la nueva ley establece que la Procuradora General de Justicia tiene a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial, así como la administración de la Procuraduría General de Justicia, del Ministerio Público, y de las entidades adscritas.
Este cambio deja a la fiscal general Ana Julia Guido como subordinada a la Procuradora Wendy Morales, salvo que Ortega y Murillo decidan removerlas. Morales, actual defensora del régimen en tribunales internacionales, se convierte en una de las funcionarias más poderosas del aparato estatal.
El Ministerio Público era reconocido en la Constitución y su Ley Orgánica como un ente autónomo, encargado de ejercer la acción penal en representación de la sociedad y, en teoría, con capacidad de investigar delitos sin subordinación política. Con la nueva legislación, esa figura desaparece.
El artículo 3 de la PGJ indica que su función será ejercer la "representación legal, judicial y extrajudicial, a nivel nacional e internacional, en defensa de los intereses supremos del Estado y del Pueblo Nicaragüense”.
Esto incluye también las funciones de persecución penal que antes correspondían al Ministerio Público. La ley otorga al Procuradora, Wendy Morales, el rango de ministro de Estado, con inmunidad especial y nombramiento directo de la Presidencia.
