Policía Orteguista se niega a devolver más de US$30,000 en equipos a excarcelado político

Luego de ser excarcelado bajo la Ley de Amnistía, Aníbal Parrales Jarquín demanda la devolución de los bienes que ocupó la Policía Orteguista cuando le desmanteló su negocio. El Poder Judicial ya recibió la solicitud, pero las autoridades no responden, denuncia la abogada Yonarqui Martínez.

La Policía Orteguista se niegaa devolver más de US$30,000 en equipos tecnológicos a Aníbal Parrales Jarquín,quien fue excarcelado por el régimen bajo la Ley de Amnistía en junio. YonarquiMartínez, su abogada, solicitó la devolución de los bienes ante el PoderJudicial, pero las autoridades se niegan a autorizar la entrega.

Durante su arresto el añopasado, a Aníbal Parrales Jarquín le fue desmantelado su negocio, un pequeñocall center de Managua en el que según la Policía se gestionaban fondos para“financiar a los terroristas”, a como catalogaron a los manifestantesopositores al régimen.

Entre los bienes que sellevaron hay computadoras, memorias, audífonos y otros materiales tecnológicos.

“Se pidió la devolución de bienes. Está el recibido del Complejo Judicial. Hasta el momento no le han regresado ni los bienes que aparecen en el acta, ni los que se llevaron sin acta. Ellos se llevaron alrededor de US$30,000 en equipos”, explicó la abogada Yonarqui Martínez.  

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ASEDIO CONTANSTE

Desde su excarcelación,Parrales ha sido asediado por oficiales de la Policía y fanáticos orteguistas.Este domingo cuando se dirigía a Costa Rica junto fue retenido por lasautoridades por más de dos horas y amenazaron con arrestarlo.

“Aníbal Parrales Jarquín excarcelado detenido en la frontera. A este señor le fue quitado todo su negocio con pérdidas de más de 30 mil dólares. No le ha regresado ni una computadora. Ahora lo detienen con su familia”, alertó la abogada en su cuenta de Twitter.

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EL CASO

Aníbal Iván Parrales Jarquín,de 37 años, fue procesado junto a Kenia María Gutiérrez Gómez por los delitosde financiamiento al terrorismo y proliferación y financiamiento a las armas dedestrucción masiva.

La Fiscalía aseguró que ambos planificaban un ataque a los medios de comunicación oficialistas, según fallo judicial. Fueron condenados a 18 años de cárcel y excarcelados el 11 de junio pasado bajo la Ley de Amnistía.

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Según las autoridadesorteguistas ambos instalaron un call center en Managua para crear perfilesfalsos en redes sociales, “desde donde se encargaban de contactar personas parasolicitar financiamiento para obtener armas de fuego, equipos de comunicación yvehículos para cometer actos terroristas”.

Los cargos fueron rechazadospor los autoconvocados y se declararon víctimas de la criminalización y persecucióndel régimen.