La CIDH lamenta la decisión de Ortega de salirse de la OEA y afirma que seguirá monitoreando la crisis nicaragüense

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó este sábado la decisión del régimen de Daniel Ortega de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) por lo que le pidió reconsiderar la decisión.

El 19 de noviembre Ortega denunció la Carta de la OEA, y con ello inició el proceso para salirse del organismo, que podría darse en dos años según el artículo 143 del instrumento jurídico.

La decisión la tomó Ortega una semana después de que la Asamblea General de la OEA declarara que las elecciones del 7 de noviembre fueron ilegitimas. Los ministros de Relaciones Exteriores de América además instruyeron al Consejo Permanente a realizar una “valoración colectiva” de la situación de Nicaragua, la cual debe de estar lista “a más tardar el 30 de noviembre”.

«La Comisión hace un llamado al Estado de Nicaragua a reconsiderar su decisión e invita a los Estados miembros de la OEA y/o a los Órganos Políticos de la Organización a entablar un diálogo genuino y de buena fe y conforme con sus obligaciones en materia de derechos humanos», expuso la CIDH en un comunicado.

La CIDH, que es un órgano autónomo de la OEA, expresó su preocupación por los efectos que dejará  «para el pueblo nicaragüense y para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos», la salida de Nicaragua del organismo.

«La CIDH destaca que el Estado de Nicaragua se encuentra obligado por todos los instrumentos internacionales de los cuales es parte; reafirma su competencia sobre el Estado de Nicaragua, y continuará ejerciendo sus mandatos de monitoreo», expuso el organismo.

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Este monitoreo lo realiza desde que comenzó la crisis en el 2018, por medio del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua (Meseni), que incluye el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en sus diversos mecanismos, «el análisis y trámite de los casos y peticiones, la supervisión de sus recomendaciones emitidas en los informes de fondo y el análisis y supervisión activa del cumplimiento de las medidas cautelares vigentes».

El Meseni se instaló en Nicaragua el 24 de junio del 2018, con el objetivo de dar seguimiento a las recomendaciones de la CIDH en un informe sobre las violaciones en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua. Pero el 19 de diciembre de ese mismo año, fue expulsado del país, desde entonces sus labores la realizan desde Washington, Estados Unidos, manteniendo contacto permanente con las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua.

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ESTADO DE DERECHO QUEBRANTADO

La CIDH expone en su comunicado que ha constatado que en Nicaragua se ha «quebrantado» el Estado de Derecho por la concentración del poder en manos del Ejecutivo «y la instalación de un estado de excepción».

«Persiste un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal, las cuales resultaron en la muerte de 355 personas; más de 2 mil personas heridas y de 1.614 personas detenidas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud y más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios», señala el documento.

Añade que más de 150 personas están detenidas por razones políticas, y las organizaciones de refugiados contabilizan más de 110 mil personas que fueron forzadas a abandonar el país.

«Persiste el cierre de espacios democráticos, la suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión, todo ello, perpetrado por grupos policiales y parapoliciales afines al Ejecutivo», expone.