Reino Unido sanciona a Rosario Murillo y otros siete funcionarios de la dictadura
El Reino Unidos sancionó este lunes a la vicepresidenta Rosario Murillo y otros siete funcionarios de la dictadura de Nicaragua tras la farsa electoral del 7 de noviembre.
El anuncio se da pocos minutos después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra el Ministerio Público y otros nueve funcionarios nicaragüenses.
Los nuevos sancionados por Reino Unido son: Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Ana Julia Guido, Fiscal General de la República; Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Fidel Domínguez, jefe de la Policía de León; Juan Valle Valle, director de Tránsito Nacional; y Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral.
Las sanciones británicas establecen la congelación de fondos y recursos económicos de las personas designadas, entidades u organismos responsables de violaciones y abusos de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, o el debilitamiento de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.
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Sobre la sanción a Rosario Murillo, Reino Unido asegura que “hay motivos razonables para sospechar que, en su posición de vicepresidenta, Murillo tenía autoridad y conocimiento de las manifestaciones y actividades políticas; la represión de la población civil, incluso a través de su liderazgo de la Juventud Sandinista.
También es señalada de ser responsable del descrédito de periodistas independientes y la exclusión de candidatos del proceso electoral. “Ella, por lo tanto, es responsable de socavar la democracia y el Estado de Derecho, de reprimir a la sociedad civil y la oposición democrática, y de las violaciones de los derechos humanos”.
https://www.facebook.com/despacho505/videos/912764509358273MOTIVOS DE LAS SANCIONES
Alba Luz Ramos, como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el Reino Unido la señala de socavar la independencia del Poder Judicial, negando a las partes acusadas en los tribunales un juicio libre y justo, y permitiendo y fomentando activamente el trato cruel, degradante e inhumano de las partes acusadas.
Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral, “ha sofocado la celebración de elecciones libres y justas” y “ha mostrado partidismo hacia el régimen de Ortega mientras se desempeñaba como alto funcionario del Consejo Supremo Consejo Electoral, y jugó un papel activo en la disolución de los partidos de la oposición”.
Ana Julia Guido, Fiscal General de la República, justifica el Reino Unido, ha participado activamente participado en el debilitamiento de la independencia y la competencia del Ministerio Público reprimiendo a candidatos políticos, organizaciones no gubernamentales y periodistas; y restringiendo el acceso a juicios libres e imparciales, a la libertad de arresto y detención arbitrarios, a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y al derecho de todas las personas en Nicaragua a los derechos humanos, independientemente de sus opiniones políticas.
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Fidel Moreno, como secretario de Organización del Frente Sandinista, “es responsable de socavar la democracia y el Estado de Derecho, la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de la violación de los derechos humanos”.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, “ha presidido, introducido, votado, firmado y ha defendido públicamente una legislación que socava la democracia, viola los derechos humanos y reprime a la sociedad civil y a la oposición democrática”.
Juan Antonio Valle Valle “es responsable de violaciones de derechos humanos contra civiles durante las protestas, que comenzaron el 18 de abril de 2018”. El Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Nacional, del que es jefe, ha restringido en repetidas ocasiones la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses en Managua.
“Valle Valle fue responsable del hostigamiento de la policía contra personas refugiadas en el centro comercial Metrocentro en Managua en 2019. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia y el Estado de Derecho, de la represión a la sociedad civil y a la oposición democrática y de las violaciones de los derechos humanos”, indicó el Tesoro de Reino Unido.
Fidel Domínguez, jefe departamental de la Policía de León, “es responsable de socavar la democracia y el estado de derecho, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática y de las violaciones de los derechos humanos en la ciudad de León”.
“También existen motivos razonables para sospechar que tiene conocimiento y autoridad sobre violaciones similares cometidas por sus subordinados dentro del Departamento de Policía de León”, concluyó el Gobierno de Reino Unido.



