Partidos “zancudos” que no llegaron al 4% no perderían personería jurídica, aunque así lo establece la ley
Los cuatro partidos políticos “chiquitos” o «zancudos» que participaron en las cuestionadas votaciones de Nicaragua junto al partido de la dictadura, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y no alcanzaron el 4 por ciento de los votos, no perderían sus personerías jurídicas aunque así lo establece la Ley Electoral vigente, además, podrán recibir fondos estatales en concepto de “reembolso electoral.
Según analistas consultados por DESPACHO 505, la dictadura se ha asegurado de “premiar” a los llamados “partidos zancudos” para que sigan haciéndole el juego de un supuesto pluripartidismo que no existe y, a cambio, además les dará millones de córdobas, no les cancelará la legalidad.
El artículo 59, numeral 4) de la Ley 331 establece que, una de las causales para cancelarles la personería jurídica a las organizaciones políticas legalmente constituidas es “haber participado (en un proceso electoral y) no obtener al menos el cuatro por ciento (4%) del total de votos válidos de las elecciones nacionales”.
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De acuerdo con esa normativa, según explica un analista que prefiere mantener su identidad en anonimato para evitar represalias, el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) que alcanzó el 3.25 por ciento del total de votos asignados por el CSE, junto a la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) con el 3.1 %, Alianza por la República (APRE) que recibió él 1.7% y el partido Liberal Independiente (PLI) con el 1.6%, deben quedar fuera del registro oficial de partidos políticos por no haber logrado el mínimo de 4% de los sufragios, tal como lo dice la norma legal.
LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE
El abogado y analista político Eliseo Núñez, quien en el 2011 fue jefe de campaña del PLI cuando fue candidato presidencial el empresario radial Fabio Gadea, explica que los partidos “zancudos” se salvarán de ser declarados ilegales gracias a una resolución de la Corte Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 2002 que resolvió un recurso de amparo del Partido Conservador que en las elecciones del 2001 había perdido su personería jurídica.
Los partidos “colaboracionistas” que participaron en las votaciones del 7 de noviembre en las que el dictador Daniel Ortega impuso su cuarta reelección consecutiva, se beneficiarán de una resolución judicial que favorece a una organización política que ya no existe legalmente.
El Partido Conservador fue declarado sin personería jurídica el 19 de mayo, luego que su Consejo Nacional aprobara por unanimidad no participar en las “elecciones” del 7 de noviembre por considerar que no existía “transparencia” en dicho proceso.
El presidente del defenestrado partido, Alfredo César explicó que, en las elecciones de 2001, su organización sacó menos del 4% en la elección presidencial, pero más del 4% en la elección de diputados nacionales. El CSE, presidido entonces por Roberto Rivas, canceló la personería jurídica a ese partido, pero recurrieron de amparo ante el Poder Judicial.
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La Sala Constitucional falló que ambas elecciones son de autoridades nacionales (Presidente y Diputados Nacionales) y por ello, la sentencia ordenó regresarles la personería jurídica.
A partir de entonces, para que el CSE cancele la personería jurídica, los partidos que participen en elecciones nacionales, tienen que estar por debajo del 4% en las presidenciales de diputados nacionales.
Es decir, si el CCN, APRE, PLI y ALN no tienen como mínimo el 4 por ciento en las diputaciones nacionales, irremediablemente sí deberían ser cancelados.
“Ahí hay una contradicción que debe explicar el CSE puesto la Ley es muy clara en ese sentido, si no cumplen deben ser cancelados, otro ‘pegón legal’ que tendrían las autoridades electorales es que todos tendrán diputados y si los cancelan, éstos no tendrán partido qué representar”, explica en analista en anonimato.
LEY ELECTORAL DISEÑADA PARA EL FRAUDE
Eliseo Núñez por su parte señala que “basados en esa sentencia de la CSJ, el CSE no le ha cancelado la personería a nadie por razones de porcentajes en los resultados electorales”.
No obstante, advierte que el que sí estaría corriendo peligro de desaparecer de la lista de partidos políticos legales es CCN, pero no por los resultados menores al establecido por la ley sino “por los reclamos y denuncias de anomalías en las pasadas votaciones. Es muy probable que se lo aplique a esa organización política la cancelación de la personería”.
Sin embargo, el exjefe de campaña del PLI en el 2011, advierte que los magistrados electorales sandinistas se verían en un dilema, y es que si le aplican el artículo 50 al CCN del reverendo Guillermo Osorno, “tendrán que aplicarlo a los otros partidos colaboracionistas que tampoco obtuvieron el 4% por ciento de los votos”.
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Para el también analista político Luciano García, con la reforma electoral que el régimen hizo en mayo del presente año, “ya no hay porcentajes mínimos. Básicamente la Ley Electoral está diseñada para hacer fraude”.
Señala que la estrategia del régimen es usar la Ley 331 para poder “mantener a sus zancudos alimentados con dinero del erario, con personería jurídica y que sigan apoyándolo, prestándose a su juego”.
Advierte que esencialmente, el objetivo de Ortega es seguir consolidando su dictadura “dándole una falsa fachada de democracia y participación pluripartidista”.
