Elevan a 159 la cantidad de presos políticos en Nicaragua

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas cifró en 159 los presos políticos en Nicaragua desde abril de 2018, a los que se suman 10 detenidos antes de las protestas de ese año.

De los 149 presos políticos detenidos desde abril de 2018, 111 se encuentran en el Sistema Penitenciario Nacional, 34 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como «El Chipote» en Managua. Dos personas están en delegaciones
municipales de la policía y dos en arresto domiciliar.

«Importante resaltar que estas cifras altas de personas aún detenidas en la DAJ no habían sido registradas desde diciembre de 2019, fecha en la que ocurrió la última excarcelación masiva de personas presas políticas», destacó el Mecanismo en un informe.

De los 149 detenidos, 139 son hombres y 10 mujeres. Según el documento, el 25% del total de presos políticos tienen más de 50 años, de las cuales 14 son adultos mayores siendo 77 años la edad máxima.

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«En la actualidad, de las 38 personas mayores de 50 años, cuatro de ellas permanecen detenidas en condiciones de reclusión diferenciadas, ya sea en celdas de máxima seguridad, de castigo o de aislamiento, esto por periodos prolongados de tiempo (años y meses)», denuncia el Mecanismo.

Hasta el 23 de septiembre pasado el número de «presos políticos» en la lista del Mecanismo ascendía a 155, diez de los cuales permanecen en prisión desde antes de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.

En total, 102 de los capturados han sido condenados, 45 están bajo proceso judicial, y dos están detenidos sin procesos judiciales en su contra, reflejó.

ESTRATEGIA DE REPRESIÓN

Los familiares de los presos políticos que están en «El Chipote», han denunciado luego de dos visitas, que los reos son sometidos a torturas, aislamientos, han bajado de peso significativamente, no reciben los medicamentos adecuados y son sometidos a constantes interrogatorios.

«Las detenciones de manifestantes, activistas, personas opositoras y liderazgos políticos de la disidencia son parte de la estrategia represiva del régimen, que dadas sus dimensiones y alcances territoriales, puede entenderse de carácter sistemático y generalizado a nivel nacional», explican.

Los 159 presos políticos son procedentes de 11 de los 15 departamentos de Nicaragua y de las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Managua es el departamento con mayor cantidad de reos de conciencia con 73, le sigue Masaya (27); Jinotega (13); León (10); Matagalpa (9); Río San Juan (5); Caribe Sur (4); Carazo (3) y Rivas, Chinandega, Chontales, Estelí y Caribe Norte tienen un preso político.

Las últimas detenciones que ejecutó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron las de Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

«Durante este período de estudio continuaron las detenciones arbitrarias en contra de integrantes de movimientos sociales y líderes empresariales en el marco de la escalada represiva del contexto electoral», señala el informe.

El Mecanismo también denunció que la represión y persecución se extiende a los familiares de los presos políticos. Hasta la fecha el organismo conoce de al menos seis casos de familiares que han sido víctimas de retención migratoria y el retiro de pasaportes por tiempo indefinido. Además, dos cónyuges de presos políticos están siendo judicializadas y criminalizadas por pedir la liberación de sus esposos.