EE.UU.: “El Gobierno de Nicaragua debe liberar inmediatamente a Michael Healy y Álvaro Vargas”
El Gobierno de Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, le mandó un mensaje claro al régimen de Daniel Ortega exigiendo la libertad de los dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) recientemente encarcelados.
“El Gobierno de Nicaragua debe liberar inmediatamente a los líderes del sector privado Michael Healy y Álvaro Vargas”, dice el mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter de Nichols.
El presidente del Cosep Michael Healy fue detenido por la Policía orteguista minutos después de salir del Ministerio Público a donde fue citado para una supuesta entrevista que finalmente no se dio. Lo que sí ocurrió fue que dos patrullas policiales salieron detrás del vehículo del empresario y más adelante otras patrullas lo interceptaron y lo detuvieron.
Ese mismo día, la Policía, a través de una nota de prensa comunicó que también habían arrestado al primer vicepresidente del gremio empresarial, Álvaro Vargas pero no dio detalles de las circunstancias en las que fue arrestado.
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La Fiscalía informó que el mismo día del arresto de los dos empresarios, fue solicitada una audiencia especial de garantías constitucionales y pidieron se le decretara a los dos nuevos presos políticos, 90 días de arresto judicial.
Un juez orteguista inmediatamente accedió a la solicitud de los fiscales y ahora tanto Healy como Vargas tienen tres meses de prisión para la supuesta investigación por delitos de lavado de dinero y otros activos y traición a la patria que les achaca el Ministerio Público de la dictadura.
El mensaje del jefe de la diplomacia norteamericana en América Latina, destaca que Healy y Vargas son “los últimos detenidos bajo los mismos cargos espurios utilizados para encarcelar injustamente a decenas de miembros de la sociedad civil, periodistas, estudiantes y otros nicaragüenses”.
En el contexto electoral, la dictadura Ortega-Murillo ha emprendido una escalada represiva contra los que considera sus adversarios políticos. Desde finales de mayo, ha llevado a la cárcel a 39 opositores entre ellos a 7 precandidatos presidenciales que podrían haberle hecho competencia a la actual pareja presidencial en el proceso electoral.
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Además fueron encarcelados 32 activistas de alto perfil, entre los que destacan empresarios, periodistas, dirigentes campesinos y estudiantiles así como feministas y dirigentes de agrupaciones políticas.
Todos los detenidos han sido acusados por los supuestos delitos de lavado de dinero y traición a la patria porque, según el régimen, han pedido y “aplaudido” las sanciones que algunos países de la comunidad internacional le han aplicado a funcionarios del gobierno y operadores políticos y financieros de la dictadura, incluyendo a la vicemandataria y esposa de Ortega, Rosario Murillo y cuatro de sus hijos.



