Analistas: Ortega le «echa más leña al fuego» lanzándose contra los empresarios

El régimen de Daniel Ortega tensó aún más las frágiles relaciones que mantiene con el sector privado nicaragüense al arrestar a Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

A partir del 2011, Ortega y el sector privado mantenían una «Alianza de Diálogo y Consenso» por medio de la cual ambos sectores se beneficiaban, pero que se rompió a raíz del estallido social de abril del 2018.

Desde entonces Ortega, su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo y sus principales operadores políticos acusan a los empresarios, a la Iglesia Católica y sectores opositores de participar en lo que han denominado “intento de golpe de Estado”.

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Bajo esa teoría, Ortega ha apresado al menos a 39 líderes opositores, incluyendo a Healy y Vargas, acusándolos principalmente de lavado de dinero y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.

MÁS LEÑA AL FUEGO

El excontralor Agustín Jarquín Anaya aseguró que la detención de ambos directivos empresariales “le echa más leña al fuego”, en lugar de buscar una solución a la crisis que vive el país desde abril del 2018, con el estallido social.

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Además, considera que representa un golpe para la economía y daña “la imagen ya precaria y debilitada de su administración tanto a nivel e internacional”.

“Es un golpe (la detención) a la empresa privada”, expresó el excontralor, quien agregó que Ortega manda un mensaje equivocado tanto al sector empresarial como a la comunidad internacional, ya que provoca más tensión con el sector empresarial.

“Esto afecta el clima de inversión y de producción del país ya de por sí afectado por la pandemia y por la crisis que se originó en el 2018 y se le echa más leña al fuego en lugar de resolverla”, indica Jarquín.

El excontralor considera que Ortega viola los derechos constitucionales de ambos empresarios y “va a generar revuelo más fuerte nacional e internacional contrario al gobierno de Ortega”.

“Yo invitaría a la administración del gobierno a que reconsidere y no solamente libere a Healy y Vargas, sino que también a todas las personas que están guardando prisión de manera injusta”, explicó Jarquín Anaya.

DEBILITAR A LA CÚPULA EMPRESARIAL

Para Luciano García, presidente del organismo Hagamos Democracias, las detenciones ilegales pretenden debilitar a la cúpula empresarial y mandar el mensaje que en Nicaragua solo manda Ortega.

“Es un régimen de terror, represión dictatorial como nunca ha vivido la historia de Nicaragua”.

García asegura que Ortega está enviando un mensaje a los nicaragüense de que todo aquel que se quiera manifestar de cara a las próximas votaciones, será arrestado.

“Es un mensaje para que nadie se oponga, atemorizar a la gente es la estrategia del régimen echando preso a los principales líderes y así evitando que la gente vaya a protestar”, explicó García.

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El régimen de Ortega arrestó el pasado 8 de junio a José Adán Aguerri, quien fue presidente de la cúpula empresarial por más de 10 años.

“PODER O MUERTE”

El sociólogo Oscar René Vargas advierte que Ortega-Murillo siguen en la lógica de «el poder o la muerte» sin dejar ninguna otra oportunidad de una salida negociada.

Siguiendo esa lógica, expone que si la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Asamblea General que se llevará a cabo el 10 de noviembre, tres días después de las elecciones generales en Nicaragua, condena al régimen de Ortega, “la represión va arreciar en lugar de amainar, ya que se cambia el escenario político de manera desfavorable para Ortega”.

“Ortega tiene conciencia que el escenario post farsa electoral es totalmente desfavorable para él. Por lo tanto, está dispuesto a todo, no importando las consecuencias inmediatas con tal de conservar el poder”, afirma Vargas.

La detención de Healy y Vargas se dio después de que el Consejo Permanente de la OEA aprobara una resolución donde demandaba la liberación “inmediata” de todos los presos políticos, incluyendo a los siete aspirantes a la Presidencia detenidos.

“Los espacios se cierran. El único camino que queda es la confrontación, desgraciadamente. Ortega piensa que ese camino es largo, gana tiempo pensando que puede haber un hecho fortuito que pueda cambiar la correlación de fuerza a su favor”, explica Vargas.

Por su parte Jarquín Anaya señala que la resolución del Consejo Permanente de la OEA, es clara y establece que se debe mejorar el sistema electoral de Nicaragua.

“En este momento cuando faltan 18 días para las elecciones, lo que correspondería sería postergar estas elecciones, anular esto y convocar a un proceso que reúna las características de ser un proceso justo y libre como lo establece la resolución de la OEA”, afirmó Jarquín Anaya.

¿DIÁLOGO NACIONAL?

Una de las interrogantes que plantea Vargas es sobre la participación del sector empresarial en el diálogo que ha anunciado Ortega después de que asuma su nuevo mandato.

“¿El encarcelamiento de Healy indicaría que el Cosep no quiere participar en el diálogo? Lo que no sería conveniente para la dictadura en el escenario post 7 de noviembre. ¿Ortega busca descabezar al Cosep y poner algún empresario afín a ellos y de esa forma hacer otra farsa de diálogo?”, cuestionó Vargas.

El sociólogo señala que Ortega cree que los Estados Unidos “no va a dar el paso de botarlo por otros medios” y que las sanciones que le ha aplicado o las que puede poner en marcha no ponen en riesgo su permanencia en el poder.

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“Mientras no le corten el financiamiento internacional, Ortega seguirá en su lógica de ´el poder o la muerte´”, afirma el sociólogo.

Un punto a favor de Ortega es que ha anunciado una reserva internacional de 4 mil millones de dólares y en agosto de este año recibió del Fondo Monetario Internacional 353.5 millones de dólares para fortalecer las reservas y para hacerle frente al impacto de la pandemia del covid-19.