Diputados se recetan 77,4 millones de córdobas más en el Presupuesto 2027 y recortan fondos a seis universidades

La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, aprobó este miércoles el Presupuesto General de la República para 2027 con una modificación que aumenta en 77,4 millones de córdobas los recursos destinados al propio funcionamiento de los diputados. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo finalmente recortó 129 millones de córdobas que el proyecto original asignaba a seis universidades públicas y a una secretaría técnica, para redirigir ese dinero hacia dos centros de estudios superiores creados recientemente.

Del incremento aprobado para el Parlamento, casi dos terceras partes irán directamente a cubrir salarios de personal temporal, un rubro al que se destinaron 49,8 millones de córdobas. El presupuesto también reserva 19,1 millones para pagar otros servicios no personales y 8,6 millones exclusivos para la compra de alimentos y bebidas.

Aunque la ley fija las cifras exactas, el texto omite detallar cuántos trabajadores temporales serán contratados con ese refuerzo salarial por la Asamblea Nacional o qué tipo de servicios específicos se pagarán.

Para financiar este aumento sin alterar el techo global del gasto, echaron mano de la partida de imprevistos, una bolsa discrecional que previamente engordaron con 123,3 millones de córdobas provenientes de dos instituciones suprimidas por el régimen a finales de octubre.

La mayor parte de ese dinero, casi 112 millones, correspondía a la extinta Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, mientras que los otros 11,3 millones representaban la totalidad de los fondos previstos para la Comisión de Apelación del Servicio Civil. Tras descontar los 77,4 millones para el Legislativo, la partida de imprevistos todavía quedó 45,8 millones por encima de la propuesta inicial.

Recortes a universidades históricas y del Caribe

Mientras los diputados ampliaban su presupuesto interno, la tijera golpeó las asignaciones de seis casas de estudio. Los mayores recortes recayeron sobre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León (UNAN-León), que perdió 50 millones de córdobas frente al proyecto original tras sufrir una reducción de 40 millones en gasto corriente y 10 millones en gasto de capital. Por su parte, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sufrió un recorte de 35 millones de córdobas, todos en su gasto corriente.

El ajuste también afectó a las instituciones de educación superior de la Costa Caribe, pues tanto la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU) como la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) perdieron 10 millones de córdobas cada una.

A estas rebajas se sumaron recortes de 7,5 millones para la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, 4,5 millones para la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso y 12 millones para la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades.

En total, los recortes en estas siete partidas sumaron 129 millones de córdobas que fueron entregados íntegramente a dos universidades creadas tras las confiscaciones y reformas educativas de la dictadura. La Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés recibió 85,4 millones adicionales y la Universidad Nacional Héroes de San José de las Mulas obtuvo 43,6 millones.

Además, la ley reordenó 133 millones de córdobas dentro de la UNAN-Managua —retirando 80 millones de gasto corriente y 53 millones de otras inversiones— para construir y reemplazar seis módulos de la residencia estudiantil Arlen Siu en el recinto Rubén Darío, manteniendo el aporte global universitario y técnico en 10.215,3 millones de córdobas.

Más recaudación, menos gasto real y otros traslados

La ley aprobada este miércoles también incluye un traslado de 33,2 millones de córdobas desde el presupuesto de la Presidencia hacia la Procuraduría General de Justicia. Este movimiento cubre el funcionamiento de la Secretaría Jurídica y del diario oficial La Gaceta, dependencias que pasaron a manos de la Procuraduría en octubre pasado, destinando 26,5 millones de ese monto al pago de personal.

En términos generales, el Presupuesto General de la República 2027 proyecta ingresos por 195.136,7 millones de córdobas, equivalentes a unos 5.327,9 millones de dólares, frente a gastos totales por 168.238 millones de córdobas, unos 4.593,5 millones de dólares.

Esta diferencia deja un excedente o superávit de 26.898,7 millones de córdobas, una cifra que representa el 13,8 % de todos los recursos que el régimen espera recaudar el próximo año.

Aunque los ingresos proyectados crecen un 13,6 % en comparación con el presupuesto aprobado para 2026, el gasto público apenas sube un 0,9 %. En términos prácticos, si se cumple la proyección de inflación del 3 % estimada por el Banco Central de Nicaragua, el dinero que el Estado destinará a obras y servicios perderá poder de compra y caerá alrededor de un 2 % en términos reales durante 2027.