Los rostros de la nueva ola migratoria empujada por la represión y la desesperanza

El periodista Julio López cumplió dos meses de exilio forzado en Costa Rica. En los últimos tres años sorteó el asedio, la persecución e intimidación del régimen de Daniel Ortega que convirtió el periodismo en una de las profesiones de mayor riesgo en Nicaragua. Este junio no pudo más.

Los interrogatorios masivos a periodistas como testigos en el caso por supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro representaban una amenaza de cárcel y decidió dar ese paso al que llevaba tiempo resistiéndose. Un sacrificio necesario para garantizar que la información siga llegando a los nicaragüenses, “a pesar de los intentos del régimen de querer callarnos y de querer aplastar a los medios de comunicación”, dice López a DESPACHO 505 en una conversación vía WhatsApp desde San José.

Julio López, director de Onda Local e integrante de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), refiere que desde el mes de junio suman 25 los periodistas nicaragüenses que han tenido que buscar refugio en otro país. Explica que es consecuencia del recrudecimiento de la violencia política que le ha permitido al orteguismo sacar a la oposición del proceso electoral y que ahora se enfila contra el periodismo, siendo el caso más grave la ocupación del diario La Prensa y el arresto de su gerente general, bajo supuestas sospechas de lavado de dinero y defraudación.

“Estamos destinados a resistir para que el pueblo nicaragüense aun tenga una ventana de libertad. Al menos para que los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos sigan saliendo a luz pública”, destaca el periodista cuya realidad retrata la de cientos de connacionales que huyen a causa de la persecución política.

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COSTA RICA, PAÍS REFUGIO

Juan Carlos Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua+ confirma una nueva ola migratoria de nicaragüenses hacia Costa Rica y Estados Unidos. Es fundamentalmente empujada por la represión y la violencia política de cara a las elecciones del 7 de noviembre; aunque también por un sentimiento de desesperanza que cala en la sociedad porque “no se está viendo salidas a la crisis, no se le está viendo un futuro al país”, indica.

Explica que la represión está expulsando a periodistas, como Julio López, así como a actores políticos, excarcelados, familiares de víctimas y hasta víctimas directas de la represión que han tenido que huir para ponerse a salvo. “Muchos se están comunicando con nosotros desde la frontera con México (Estados Unidos), solicitando algún tipo de apoyo o asistencia”, relata.

En el caso de Costa Rica, la realidad que expone Arce está reflejada en los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería. En los primeros siete meses de este 2021 un total de 18.734 nicaragüenses pidieron refugio en ese país. Según las estadísticas, en julio hubo una demanda récord con 5.379 solicitudes, el triple de la cifra de mayo. Estos números se acercan mucho a las 23,063 demandas de protección que presentaron ciudadanos nicaragüenses en el año 2018, durante los meses más crudos de la crisis sociopolítica que dejó al menos 328 asesinatos.

La crisis nicaragüense a raíz de la represión orteguista a las manifestaciones ciudadanas y que se ha profundizado este año en el marco de las Elecciones Generales, convocadas para el 7 de noviembre, también se dimensiona en las 82.837 peticiones de protección que han presentado ciudadanos nicaragüenses al Gobierno de Carlos Alvarado desde entonces.

Es la peor crisis migratoria registrada en las últimas décadas en Nicaragua, y que solo en los primeros meses de la represión expulsó a unas 108,000 personas a diferentes partes del mundo, según estimaciones de la Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones (ACNUR), siendo Costa Rica el principal país de refugio.

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REPUNTE COINCIDE CON OLEADA DE ARRESTOS

El abrupto incremento solicitudes de refugio en el vecino del Sur el pasado junio (4.378) coincide con los arrestos en serie de líderes de oposición que desató el régimen Ortega-Murillo a finales de mayo y que, según críticos, es parte de una estrategia para perpetuarse en el poder.

Arce, cuya organización tiene base en Costa Rica, sostiene que la explicación a esas cifras está en la implementación de las leyes represivas y las capturas de líderes en Nicaragua. «Eso sin duda generó un aumento en la salida de nicaragüenses y nosotros como Colectivo derechos humanos hemos registrado un aumento considerable de personas que están haciendo denuncias desde diferentes países, sobre todo Estados Unidos, incluso personas que tenían medidas cautelares se vieron forzadas a salir debido a la falta de cumplimiento de esas medidas por parte del Estado nicaragüense», señaló.

Desde el 28 de mayo, la Policía ha ejecutado 33 órdenes de arresto de opositores, entre ellos los aspirantes a la Presidencia Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Todos, excepto Cristiana Chamorro, guardan prisión bajo cargos de traición a la patria sustentado en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz que el mismo Daniel Ortega, valiéndose del control mayoritario de su partido en la Asamblea Nacional, puso en vigor a finales de diciembre 2020.

POBREZA, DESEMPLEO Y DESESPERANZA

El desplazamiento de nicaragüenses, mayormente clandestino y por pasos irregulares, también obedece a la pobreza y a la desesperanza aunque tampoco es ajeno a la situación política. El defensor Juan Carlos Arce explica que hay una percepción generalizada de que “las cosas en Nicaragua van a descomponerse, que la crisis política y económica no solo va a continuar, sino que va a acrecentarse de tal manera que consideran la decisión más acertada salir del país (…) Eso es lo que está haciendo que muchísima gente esté saliendo”, explica.

Es el caso de una capitalina que pide solo ser identificada como Carla. El último día de julio cruzó “por vereda” la frontera Sur de Nicaragua con el objetivo de llegar a San José. Relata llevaba más de un año sin empleo y cada día se le hacía más difícil lograr poner un plato en la mesa y no vio más salida que “buscar rumbo en otro país” pese al riesgo de un viaje irregular: “si no tenía ni para comer, menos que iba poder pagar visa y las pruebas que exigen”, alega.

A esta madre soltera de dos niñas de 6 y 4 años, a las que dejó al cuido de su madre de 65, una exvecina del barrio La Vía, del municipio de Tipitapa que se exilió en Costa Rica en 2018 por amenazas de los CPC, la ha guiado para encontrar un empleo como trabajadora doméstica. En Nicaragua nunca sirvió en casas ajenas, pero el lunes 16 de agosto sería su primer día en la casa de una familia que le ofreció un sueldo de 500 dólares al mes, con “derecho” a un día de descanso cada día 15 días.

A pesar que lleva poco tiempo en la capital costarricense Carla se ha encontrado con otras nicaragüenses que como ella llegan “sin papeles”, cruzando la frontera por pasos alternos y hasta “sin saber ni a dónde se van a ir meter”.

“Es que allá uno se vuelve loco buscando (trabajo) y ni el estudiado logra algo bueno; yo que hice un técnico en computación nunca encontré y por eso me fui a la zona (franca). Ahora con toda esa calamidad (crisis sociopolítica) que está pasando uno ya no sabe qué esperar. Desde que se sale uno se da cuenta que es montón de gente que anda igual, viendo cómo sobrevivir o huyendo”, dice.

Carla tiene planes de ahorrar y buscar la forma de regularizarse «por si hay futuro». Para el periodista Julio López esta etapa como exiliado es transitoria y de resistencia. En sus primeros dos meses lo más difícil ha sido estar lejos de la familia. «El desarraigo familiar siempre ocasiona un daño emocional. Lo otro es la incertidumbre por el futuro», confía.

*Con la colaboración de Emperatriz López y Gerall Chávez