Juez ordena al ICE devolver a Estados Unidos a nicaragüense deportado a África
Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Gobierno de Donald Trump devolver de inmediato a Kenis López González, un migrante nicaragüense que fue deportado en agosto a la República Centroafricana, donde permanece detenido.
El juez Jeffrey M. Bryan determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe facilitar el retorno de López a Minnesota, donde recuperará temporalmente el estatus migratorio que tenía antes de su arresto en enero.
López llegó a Estados Unidos en 2022, procedente de Nicaragua, y se entregó a las autoridades migratorias en la frontera. En 2024, un juez de inmigración bloqueó su deportación a Nicaragua porque corría el riesgo de sufrir torturas.
Sin embargo, tras ser arrestado frente a su vivienda en Shakopee, Minnesota, en enero, ICE lo trasladó por distintos centros de detención hasta que en agosto lo deportó a la República Centroafricana.
El nicaragüense forma parte de los más de 25.000 migrantes expulsados a países distintos de los de su origen desde que Trump asumió la presidencia en 2025.
Juez denuncia violaciones de derechos
En su resolución, el juez concluyó que López corre el riesgo de sufrir daños irreparables si permanece en la República Centroafricana y que su demanda contra el Gobierno estadounidense tiene altas probabilidades de prosperar.
«ICE violó los derechos constitucionales del señor López y apenas lo negó», afirmó Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados del migrante.
El juez también estableció un procedimiento de nueve pasos, con plazos definidos, para que las autoridades migratorias faciliten su retorno.
Durante la audiencia, los abogados del Departamento de Justicia indicaron que solicitarían más tiempo para apelar la orden.
Deportado pese a expresar temor
Cuando López supo que sería enviado a la República Centroafricana, expresó su temor a las autoridades, pero no se le permitió una audiencia para evaluar los riesgos que enfrentaría.
En cambio, los agentes utilizaron proyectiles —balas de goma o bolas de pimienta— para obligarlo a bajar de un autobús. Posteriormente, lo inmovilizaron con un dispositivo de sujeción de cuerpo completo y lo trasladaron al avión.
Bryan cuestionó el argumento del Gobierno de que López no corre peligro en ese país y advirtió que las autoridades conocían los riesgos antes de deportarlo.
El juez también prohibió expresamente al Gobierno disparar contra el nicaragüense con balas de goma o cualquier otro tipo de proyectil.
Cuestionan las garantías diplomáticas
El Gobierno de Trump justificó la deportación con las garantías diplomáticas ofrecidas por las autoridades de la República Centroafricana, que prometieron tratar a los deportados de acuerdo con el derecho internacional.
Sin embargo, el juez cuestionó la credibilidad de esas garantías ante las condiciones de inseguridad que enfrenta el país.
El Departamento de Estado estadounidense mantiene una advertencia para que sus ciudadanos no viajen a la República Centroafricana debido a los riesgos de violencia, delincuencia, secuestros y terrorismo.
Estados Unidos comenzó a enviar deportados a ese país después de pagar 85 millones de dólares a la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, que supervisa el centro de detención de Bangui, donde permanece López.
En una carta, el subsecretario de Estado Christopher Landau aseguró que las garantías del Gobierno centroafricano eran «creíbles y fiables». También pidió al Departamento de Seguridad Nacional que evitara hablar públicamente sobre el acuerdo.
Bryan cuestionó esa reserva y señaló que el Gobierno podría estar ocultando a la opinión pública que ha aceptado trasladar por la fuerza a prisioneros a un país donde enfrentan peligros graves.
Trump enfrenta nuevos cuestionamientos
El caso de López se suma a otros procesos en los que jueces federales han exigido al Gobierno estadounidense devolver a migrantes deportados a terceros países.
El 7 de octubre, un juez ordenó traer de regreso desde Guinea Ecuatorial a Ahmed Soliman, un hombre gay de Arizona que también había sido deportado a África. Sin embargo, todavía no ha regresado a Estados Unidos.
La legalidad de las deportaciones a terceros países será examinada por el Tribunal Supremo estadounidense, que tiene previsto celebrar audiencias orales en diciembre.
Mientras tanto, la resolución sobre López obliga al Gobierno de Trump a organizar su retorno desde la República Centroafricana.
