Colombia trazará por decreto su frontera en el Caribe y podría reavivar la disputa marítima con Nicaragua

El Gobierno de Colombia publicará a finales de noviembre un decreto que por primera vez va a definir con coordenadas lo que el país considera como sus aguas territoriales nacionales en torno al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe.

Esta determinación, que quiere recoger las doce millas náuticas de aguas territoriales en torno a estas tres islas y el resto de islotes y arrecifes que componen ese archipiélago frente a las costas de Nicaragua, tiene el potencial para reactivar la disputa legal sobre esta cuestión que Bogotá y Managua han mantenido durante años.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo la decisión de expedir el 30 de noviembre un “decreto de líneas de base del archipiélago” de San Andrés y publicarlo “en las cartas náuticas oficiales” de Colombia.

“Vamos a cartografiar lo que es nuestro”, afirmó, tras recordar que durante décadas sucesivos gobiernos colombianos han evitado delimitar con coordenadas precisas esta frontera marítima, motivo de controversia con Nicaragua.

“Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores”, apuntó el presidente, que en ningún momento se refirió directamente a la disputa legal con Nicaragua.

De la Espriella avanzó que su objetivo es “implementar una política de defensa integral del territorio” y convertir a San Andrés, la principal isla del archipiélago, en un centro de colaboración “con los vecinos demócratas” en los ámbitos del seguimiento marítimo, las operaciones de búsqueda y salvamento, y la cooperación articulada contra el crimen.

Un mapa sin negociar con Nicaragua

El punto crítico de esta medida radica en que Colombia establecerá formalmente sus fronteras marítimas en la zona mediante un decreto del Ejecutivo, en lugar de acordar una delimitación mediante un tratado diplomático con Managua.

Tras décadas de tensiones territoriales, Nicaragua demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2001 por la soberanía de este archipiélago y la subsiguiente delimitación de sus fronteras marítimas.

El riesgo de reabrir el conflicto radica en que Colombia establecerá estas coordenadas por vía decreto y no está claro si acatará la sentencia dictada por la CIJ el 19 de noviembre de 2012.

En aquel fallo, aunque el tribunal internacional ratificó la soberanía colombiana sobre el territorio terrestre (islas y cayos), redefinió los límites marítimos y le otorgó a Nicaragua una Zona Económica Exclusiva de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados de mar. 

Esa resolución le arrebató a Colombia cerca del 40% del área marítima que controlaba en esa parte del Caribe.

Posteriormente, el 13 de julio de 2023, la CIJ zanjó definitivamente el litigio al rechazar la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, dejando la frontera marítima exactamente como se fijó en 2012.

Desde la perspectiva del derecho internacional, el mapa fronterizo entre ambos países quedó cerrado con las sentencias de La Haya, bajo las cuales Nicaragua ejerce soberanía y administración sobre las aguas recuperadas en 2012.

Sin embargo, al no existir negociaciones diplomáticas entre Bogotá y Managua, la decisión del Gobierno colombiano de oficializar su propia delimitación cartográfica por decreto busca blindar la presencia de sus embarcaciones y pescadores en la zona, abriendo la puerta a nuevos roces y fricciones diplomáticas en el mar Caribe.