“Mi meta es volver, Estados Unidos me trajo aquí”: El caso de un nicaragüense deportado a la República Centroafricana

Cuando el avión tocó pista por la noche en una ciudad desconocida, al nicaragüense Luis Mendoza lo bajaron en la penumbra. Le administraron a toda prisa una vacuna contra la fiebre amarilla y guardias fuertemente armados lo custodiaron de inmediato hasta un microbús. No sabía en qué lugar del planeta se encontraba. Llevaba más de 15 horas acumuladas de viaje y la única pista de su destino final se la habían dado agentes de seguridad privada cinco horas después de haber despegado de Texas: viajaba rumbo a Bangui, la capital de la República Centroafricana.

“Para mí este lugar es totalmente nuevo, ni el nombre me sabía; hasta ahora me lo aprendí”, confiesa Mendoza desde el otro lado del teléfono, a más de 10,000 kilómetros de Managua. Antes de ser deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, Bangui no figuraba en su mapa mental ni en sus remotos planes de exilio. 

Mendoza vive en una edificación tipo apartamentos habilitada para extranjeros deportados de Estados Unidos. Afuera del inmueble, guardias armados custodian el perímetro. 

“Si vamos a comprar algo, van los guardias cuidándonos y siempre nos dicen que no salgamos de la esquina, que no podemos pasar de ahí porque es peligroso y nos pueden secuestrar”, relata. 

El agua potable escasea, el fluido eléctrico se interrumpe cada cuatro horas y los mosquitos convierten las noches en un foco constante de enfermedades.

En ese mismo complejo sobreviven otros tres nicaragüenses en circunstancias idénticas. Ninguno lleva pasaporte, cédula ni documento de identidad alguno. Su único aval es una hoja de papel entregada al subir al avión donde se prometía la tramitación de un permiso que nunca llegó.

El arresto

La pesadilla de este nicaragüense dio un giro el 19 de febrero de este año en Baltimore, Maryland. Como lo hacía periódicamente bajo una orden de supervisión, acudió a su cita de rutina para la toma de huellas dactilares ante una oficina de Inmigración. 

En 2023, una jueza federal de Inmigración le había concedido la Retención de Expulsión y la Convención contra la Tortura (CAT), una figura legal de protección que prohíbe su deportación a Nicaragua por el riesgo inminente a su vida como perseguido político.

“La jueza me dijo que no podía ser deportado a ningún país y que iba a estar bien mientras no me metiera en problemas legales (…). Pero fue diferente con esta Administración”, explica. 

Ese día, en lugar de retornar a su vivienda, los agentes lo esposaron.

Posteriormente vinieron seis meses —180 días— de encierro en centros de detención de Luisiana, entre ellos Jackson Parish y Winn Correctional Center, seguidos de un traslado al estado de Texas. 

Cumplido el plazo límite legal de detención sin que se ejecutara un traslado a un país seguro, Mendoza interpuso un recurso de habeas corpus ante un tribunal federal que estaba a la espera de respuesta.

Balas de goma y un abordaje a ciegas

En la tercera semana de agosto, Mendoza fue trasladado bajo estricto aislamiento al centro de detención de Alvarado, cerca de Dallas. Sin acceso a teléfonos, permaneció incomunicado junto a otros inmigrantes a la espera de deportación.

El día de la expulsión, la incertidumbre dentro del autobús que los conducía a la pista de aterrizaje detonó la protesta. Los detenidos se negaron a descender si los oficiales no precisaban el país hacia donde los enviaban. La respuesta, dice, fue la fuerza.

“Nos atacaron con balas de goma por orden de un oficial. Fuimos golpeados a balinazos; a mí me dieron en la espalda y en el pie”, recuerda Mendoza. Asegura que fue conducido por la fuerza hacia la escalerilla por agentes.

“Me sacaron entre dos agentes, nos subieron al avión a la fuerza (…). Ese día llamé a mi abogado frente al oficial y me dijo: ‘Diles en inglés que no tienes orden de deportación’, pero no hicieron caso. Nos enteramos de que íbamos para África hasta que llevábamos 5 horas de vuelo”, sostiene.

El drama de las deportaciones a terceros países

El caso de Luis Mendoza no es aislado, sino parte de una política migratoria de la nueva Administración Trump en Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales de ICE analizados en un reciente informe de Human Rights Watch (HRW), entre enero y mediados de septiembre de 2026 un total de 7,774 nicaragüenses han sido deportados directamente hacia Managua en 72 vuelos chárter.

Sin embargo, para aquellos que cuentan con protecciones legales por persecución política por la dictadura Ortega-Murillo, la ruta toma desvíos drásticos. HRW detalla que solo entre enero y julio de 2026, 400 nicaragüenses fueron expulsados hacia terceros países. La cifra acumulada desde enero de 2025 supera los 1,100 ciudadanos enviados a destinos ajenos a su origen.

Aunque la mayoría de estos traslados tiene como destino países hemisféricos como México (864), El Salvador (63), Guatemala (50), Honduras (49) y Panamá (26), las métricas revelan traslados excepcionales hacia naciones lejanas con graves crisis de seguridad, como la República Centroafricana o Uganda.

Organizaciones de derechos humanos advierten que esta modalidad coloca a ex prisioneros políticos y apátridas en un alto riesgo de sufrir deportaciones en cadena que terminen entregándolos de vuelta a las garras del régimen de Managua.

En el limbo legal, sin pasaporte

En Bangui, la realidad de los nicaragüenses es la paradoja del limbo. Delegados de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han visitado el refugio, confirmándoles que el traslado hacia su país de origen es inviable debido a la falta de acuerdos formales en materia de repatriación y, fundamentalmente, por el riesgo evidente a su integridad física.

“Nos dijeron que agarráramos camino para Nicaragua y que ellos pagaban el boleto, pero ¿cómo vamos a ir a Nicaragua si no nos reciben? Por eso no nos mandaron directamente a Nicaragua, para lavarse las manos. El tercer país siempre nos va a mandar al país de origen, pero yo no puedo ir a Nicaragua porque soy exiliado político”, sostiene Mendoza.

Sin documentos para tramitar un estatus legal en África ni vías formales para desplazarse a otra nación, la única demanda de este nicaragüense es que la justicia estadounidense revise su caso y le permitan volver.

“Fui deportado sin el debido proceso y sin firma; no firmé nada. Nos sacaron con agresión física y psicológica, engañados. Mi meta es volver a los Estados Unidos porque Estados Unidos me trajo aquí (…). Fui sacado de manera arbitraria esperando la decisión de un juez federal”, concluye Mendoza, mientras espera que su abogado logre revertir la deportación que lo dejó al otro lado del mundo.