C$8,000 por visita, tortura psicológica y cobros ilegales: El infierno de los guardabosques mayangnas en La Modelo
Visitar a un guardabosque indígena en el Sistema Penitenciario Nacional “La Modelo” es una carrera de obstáculos económicos y un castigo sistemático impuesto por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para las familias del territorio Mayangna Sauni As, en la reserva de la biosfera de Bosawas, el viaje hasta la cárcel de Tipitapa representa un gasto de hasta 8,000 córdobas en cada viaje.
En enero de 2023, el Ministerio Público acusó a un grupo de 24 personas —identificadas por organizaciones ambientalistas como guardabosques comunitarios— imputándoles delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
De ese total, al menos diez guardabosques ya fueron condenados. Un monitoreo de la organización ambientalista Fundación del Río recopiló los testimonios de los familiares de ocho guardabosques comunitarios recluidos en la “Galería 300”.
Entre los guardabosques encarcelados se encuentran Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel, Rodrigo Bruno Arcángel y sus hijos Oliver Bruno y Evertz Bruno, todos pertenecientes al territorio Mayangna Sauni As.
El peaje de la prisión: Cobros ilegales y la prohibición de su idioma
La travesía para ver a los defensores territoriales dura más de 12 horas: tres horas desde las comunidades hacia Bonanza, nueve horas más en carretera hasta Managua y el tramo final hacia Tipitapa. Por esa razón, la mayoría de los prisioneros sólo recibe visitas cada dos o tres meses.
“Nosotros no tenemos recursos para pagar el pasaje a los otros, porque sí, están conscientes de visitar a sus familiares, pero no tienen para el pasaje”, relataron los familiares.
A la asfixia económica se suma la extorsión dentro del penal. Los familiares revelaron que las autoridades penitenciarias les exigen pagos de 300 córdobas para autorizar llamadas telefónicas de apenas cinco minutos y comunicarles la fecha de la siguiente visita.
“Para comunicarnos con ellos en la prisión y saber cuándo nos toca la visita nosotros tenemos que pagar 300 córdobas para que puedan hablar cinco minutos, y si no pagamos eso nosotros no sabemos cuándo nos toca la visita”, denunciaron.
Sin agua, comida cruda y la prohibición de hablar mayangna
Dentro de las celdas, el acoso atenta contra su identidad cultural. Los guardias y los reos comunes les prohíben hablar en su lengua materna mayangna bajo la amenaza de acusarlos de “hacer brujería”.
MÁS NOTICIAS | Estados Unidos declara al régimen de Nicaragua como una “amenaza” y advierte que “todas las opciones están abiertas”
A esto se suma el hacinamiento, el suministro de comida cruda una vez al día y las interrupciones del agua potable que obligan a los prisioneros a juntar el líquido en botellas plásticas.
Fotografías montadas y el calvario médico
Los testimonios sacaron a la luz una práctica sistemática de propaganda dentro del penal: agentes penitenciarios sacan a los guardabosques hasta tres veces al día para tomarles fotografías.
Para la sesión, los visten con ropa limpia y acondicionan espacios con comodidades temporales que desaparecen en cuanto se apaga la cámara. Tras el montaje, los devuelven a las planchetas de cemento donde duermen.
El deterioro de la salud es crítico. Los prisioneros padecen problemas de visión, retención de líquidos, fiebres, infecciones respiratorias y adormecimiento en las extremidades. Aunque las familias compran las medicinas con esfuerzo, las autoridades penitenciarias retienen los fármacos.
“Las recetas que dan son caras. Las pastillas son caras. Eso sí, nos hace difícil completar una receta con cada visita (…). Tal vez meses anteriores nosotros mandamos un medicamento y no le dan todo”, relató uno de los familiares bajo condición de anonimato.
La cacería policial y el negocio minero
El encarcelamiento de los guardabosques no es un hecho aislado. Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, confirmó la existencia de una lista policial que busca capturar a 33 liderazgos comunitarios de los grupos de vigilancia territorial Saubí, Nawa Sani y Kun Kun, constituidos en 2016 para frenar las invasiones de tierra.
El ambientalista enfatizó el patrón utilizado por la dictadura para controlar la reserva: “Es una estrategia directa del Gobierno: utilizan a ciertos indígenas, descartan a otros, dividen a la comunidad y usan a unos grupos para ir en contra de los demás. Esto ha afectado no solo a las familias, sino también al tejido espiritual del pueblo mayangna”.
La persecución contra las autoridades tradicionales coincide con la entrega del territorio indígena al extractivismo.
El pasado 7 de septiembre, el régimen otorgó la concesión del lote “Jade” (26,205 hectáreas) a la empresa china Linze Excelente Minería, S.A., afectando de forma directa las áreas de cultivo de comunidades como Betlehem, Nazareth y Padriwas.
Con este nuevo otorgamiento, suman ocho los lotes mineros entregados dentro del territorio Mayangna Sauni As —tres a empresas chinas, cuatro a firmas colombianas y uno a una empresa vinculada al régimen—, lo que coloca el 24.22% del territorio indígena en manos de la minería privada mientras sus defensores permanecen encarcelados.
