EE.UU. acelera deportaciones de nicaragüenses: HRW alerta alto riesgo para opositores al régimen

Estados Unidos ha acelerado las deportaciones de nicaragüenses. Más de 6.300 fueron enviados directamente a Nicaragua entre enero y julio de 2026 -casi el doble que en el mismo periodo del año pasado- mientras otros 1.100 han sido deportados a terceros países desde enero de 2025, según un análisis de Human Rights Watch (HRW) basado en datos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Entre los connacionales enviados a terceros países figura al menos uno de los 222 presos políticos que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló y expulsó a Estados Unidos en febrero de 2023.

El informe de HRW en el advierte sobre el caso de otros desnacionalizados por la dictadura que han sido detenidos por ICE y que enfrentan riesgo de expulsión fue divulgado apenas hora antes de que se confirmara la deportación a Nicaragua del opositor Jeffrey Isaac Jarquín, conocido como “El Nene” quien, según fuentes cercanas, este 1 de octubre tras aterrizar en Managua fue enviado directamente a la cárcel de tortura La Modelo.

“Hace apenas tres años, Estados Unidos recibió a 222 presos políticos que se encontraban en las cárceles de Ortega y Murillo, pero ahora los detiene y amenaza con deportarlos”, cuestionó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Ocho desnacionalizados bajo riesgo de expulsión

La organización alertó sobre el riesgo que esta política representa para los nicaragüenses que huyeron de la persecución política y ahora enfrentan la posibilidad de ser enviados a países donde su seguridad tampoco está garantizada. “Las autoridades estadounidenses no deberían intentar enviar a estos hombres de vuelta a lugares donde corran peligro”, agregó Goebertus.

HRW documentó ocho casos de nicaragüenses despojados de su nacionalidad por la dictadura que han sido detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos y enfrentan riesgo de deportación. Siete pertenecen al grupo de los 222 y el octavo es el periodista Luis Galeano, desnacionalizado junto a otros 93 críticos del régimen en febrero de 2023.

Galeano fue detenido el 14 de septiembre y recluido en Krome, en Miami. Un juez de inmigración le concedió una fianza el 23 de septiembre y recuperó la libertad tres días después. Tiene una nueva audiencia migratoria programada para el 27 de octubre.

HRW explica que al menos cuatro de los ocho desnacionalizados tenían solicitudes de asilo pendientes. Agrega que cinco aparentemente permanecen detenidos.

La organización pidió al Congreso de Estados Unidos que exija al Departamento de Seguridad Nacional informar cuántos nicaragüenses despojados de su nacionalidad permanecen bajo custodia de ICE, cuánto tiempo llevan detenidos y a qué países pretende deportarlos.

“Nicaragua se ha convertido en uno de los países más autoritarios del hemisferio occidental”, señaló HRW.

Juan Barilla, el excarcelado expulsado dos veces

El informe documenta el caso de Juan Barilla, un campesino que pasó más de dos años encarcelado en Nicaragua y formó parte del grupo de 222 presos políticos que el régimen excarceló y expulsó a Estados Unidos en febrero de 2023, en la denominada Operación Guardabarranco, coordinada directamente por el Departamento de Estado estadounidense.

Dos años después de haber sido recibido en Estados Unidos, Barilla volvió a enfrentar una expulsión. En noviembre de 2025, las autoridades migratorias estadounidenses lo deportaron a Honduras.

El caso de Barilla muestra que las deportaciones a terceros países no afectan únicamente a migrantes sin antecedentes de persecución política, sino también a personas que Washington recibió después de haber permanecido en las cárceles del régimen nicaragüense.

Para Human Rights Watch, enviar a perseguidos políticos nicaragüenses a Honduras u otros países vecinos supone un riesgo adicional debido al alcance de la represión del régimen fuera de Nicaragua. La organización sustenta su alerta en el informe presentado en marzo pasado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, que documentó la existencia de una “red transnacional de vigilancia e inteligencia” utilizada para “identificar, vigilar y perseguir a los nicaragüenses exiliados”.

Los expertos reportaron al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato contra opositores en el exilio, entre ellos el del mayor en retiro Roberto Samcam, asesinado en junio de 2025 en San José, Costa Rica.

México concentra nicaragüenses deportados

Las expulsiones hacia terceros países ocurren en paralelo a un fuerte aumento de las deportaciones directas a Nicaragua. El análisis de HRW de los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas establece que más de 6.300 nicaragüenses fueron deportados a Managua entre enero y julio de 2026, casi el doble de los enviados en el mismo periodo de 2025: 3.323 según los registros del ICE.

Las autoridades estadounidenses también están enviando cada vez más nicaragüenses a terceros países. Desde enero de 2025, más de 1.100 han sido deportados a otros destinos, incluidos 400 entre enero y julio de 2026.

México concentra la mayor cantidad, con 864 nicaragüenses; seguido de El Salvador, con 63; Guatemala, con 50; Honduras, con 49; y Panamá, con 26, según el análisis de HRW de los datos de ICE.

Aunque la organización no lo menciona en su informe, también se han documentado casos de connacionales enviados a África Central.

La organización recuerda que la Convención contra la Tortura impide a Estados Unidos devolver a una persona a un país donde exista un riesgo real de tortura. Las obligaciones internacionales de protección también alcanzan las denominadas deportaciones en cadena: enviar a una persona a un tercer Estado desde el cual pueda terminar siendo devuelta al país donde enfrenta persecución.

Por ello, reclama que cualquier persona que vaya a ser expulsada hacia un tercer país reciba información adecuada sobre su destino y tenga una oportunidad efectiva de impugnar la decisión ante un juez migratorio.

HRW insiste a Estados Unidos en el llamado a no deportar a Nicaragua a ninguna persona que enfrente riesgo de persecución o tortura, ni enviarla a un tercer país donde pueda correr esos mismos riesgos o quedar expuesta a una posterior exulsión a Nicaragua.