Dictadura entrega a empresa china una concesión minera de más de 26 mil hectáreas en Bonanza

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó una concesión minera de 26,205 hectáreas denominada «Jade» a la empresa china Linze Excelente Minería S.A., en Bonanza, Región Autónoma de Caribe Norte.

La empresa china, representada por Shiliang Yang, solicitó a la Procuraduría General de Justicia el otorgamiento de la concesión, la que fue aprobada, sin ningún tipo de objeción, ya que «cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la ley 387», normativa que regula la exploración y la explotación minera en Nicaragua.

De acuerdo con la Certificación de título de concesión número 066-PGJ-DGM-2026, la Procuraduría para las Municipalidades dio su visto bueno a la empresa Linze Excelente Minería S.A., para que realice la explotación minera en Bonanza, por considerar que tiene capacidad técnica y financiera.

La empresa China está obligada a «pagar en concepto de derechos de vigencia o superficiales, el equivalente en moneda nacional a veinticinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América el primer año por hectárea; setenta y cinco centavos de dólar por el segundo año por hectárea; un dólar con cincuenta centavos de dólar ($1.50), el tercer y cuarto año por hectárea; tres dólares ($3.00), por el quinto y sexto año por hectárea; cuatro dólares ($4.00) por el séptimo y octavo año por hectárea; ocho dólares de Estados Unidos de América ($8.00), por el noveno y décimo año por hectárea y doce dólares por hectárea a partir del décimo primer año».

Además, el régimen exigió el pago o regalías por extracción de hasta un 3%, le que puede ser saldado en especie (oro) o en metálico; y para cumplir con el pago correcto, la empresa minera china deberá entregar un informe mensual para calcular el porcentaje.

El régimen llevará el control de la explotación minera, a través de dos vías, por un lado con el informe que entregue la empresa a la Procuraduría, y el segundo con los controles que realizará la Dirección General de Ingreso (DGI) y la misma PGJ.

A pesar de que la resolución ministerial establece que la empresa minera china cumplió con los procedimientos técnicos, lo cierto es que no cumple con las normativas ambientales, ya que les permite perforar cualquier tipo de túneles a una distancia de 100 metros de los cacerías, pueblos o municipios, exigiendo solamente que procuren no contaminar fuentes acuíferas.

«No realizar trabajo de exploración y explotación a menos de cien metros de pueblos, propiedades cercadas, edificios religiosos, pozos, ambos lados de vías de comunicación, acueductos, oleoductos y obras de utilidad pública, sin autorización de la Dirección General de Minas-PGJ», señala la resolución.

Asimismo, la dictadura estableció que la empresa china debe estar solvente para poder realizar cualquier tipo de reclamo o exigir derecho, así como, recibir exoneraciones fiscales o renunciar total o parcialmente a la concesión.

Además, la empresa china podrá ceder, traspasar, dividir, arrendar y fusionar los cuatro lotes de terrenos otorgado para la explotación minera.