El régimen revierte confiscación de la planta de oro Palacagüina a BHMB Mining para beneficiar a los chinos
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció que acordó devolver a la empresa BHMB Mining Nicaragua S.A. la planta procesadora de oro de Palacagüina, en Madriz, que desde septiembre de 2025 había entregado a las compañías chinas Zhong Fu Development y Santa Rita Mining, una operación que terminó convirtiéndose en uno de los casos incluidos por Estados Unidos en las sanciones contra el sector aurífero nicaragüense.
La devolución ocurre después de que el Departamento del Tesoro estadounidense señalara la ocupación de la planta como una confiscación arbitraria de una inversión con capital estadounidense ejecutada bajo protección del régimen.
El giro busca contener el impacto de las sanciones y apunta a «liberarse de la denuncia» ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) «por la expropiación que fue sometida la empresa», señaló el presidente de la Fundación del Río Amaru Ruiz.
En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) anuncia un «acuerdo» entre el Estado de Nicaragua, el inversionista Baruch Rapoport y BHMB Mining para la «normalización y reactivación operativa» de la planta.
Sin embargo, el régimen no ofrece detalles de los términos específicos del entendimiento, ni menciona el proceso seguido para la entrega del plantel que ya estaba bajo el control de las empresas chinas.
Chinos tomaron el plantel con violencia
Según la denuncia presentada por BHMB, un grupo de ciudadanos chinos acompañado de otros individuos irrumpió violentamente en las instalaciones, derribó los portones principales, ocasionó daños a la infraestructura y dejó a más de 100 trabajadores sin empleo ni liquidaciones.
La acusación fue respaldada por una carta firmada el 9 de septiembre de 2025 por Baruch Rapoport, director general de BHMB, quien calificó la ocupación como «un delito de invasión ilegal y saqueo de propiedad privada».
«Ingresaron por la fuerza, arrancaron los portones principales, ocasionaron daños significativos a las instalaciones y al equipo», denunció entonces la compañía.
Hasta la fecha, el régimen evitó pronunciarse sobre el caso y nunca informó sobre investigaciones o acciones judiciales relacionadas con la toma de la planta.
EE.UU. denunció confiscación
No obstante, el caso escaló cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó la confiscación de BHMB dentro de las sanciones dirigidas al negocio del oro en Nicaragua.
Según el Tesoro estadounidense, empresas vinculadas al régimen ocuparon de forma «arbitraria» las instalaciones de BHMB, expulsaron a su personal y asumieron el control físico de la propiedad sin compensación alguna. Al parecer, BHMB no ha recibido ninguna compensación por la incautación de su propiedad”, señaló el informe de la OFAC.
Washington también denunció que el régimen de Nicaragua revocó posteriormente la licencia de operación de la compañía y lo acusó de utilizar un esquema de sustitución de empresas para mantener el flujo de ingresos provenientes del oro. «La dictadura de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas utilizando a estas compañías auríferas y a sus cómplices, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y usándolas para generar fondos que le permitan mantener su poder político», afirmó entonces el secretario del Tesoro.
Ahora, la Procuraduría presenta el nuevo acuerdo como resultado de un «proceso de diálogo y coordinación» desarrollado en un ambiente de «cooperación y respeto mutuo» al tiempo que insiste en que Nicaragua ofrece «seguridad jurídica» a inversionistas nacionales y extranjeros en uno de los sectores más sensibles para las finanzas del régimen.
