Ortega recrudece “estado policial de facto” con reforma electoral
La reforma a la Ley Electoral propuesta por la bancada del Frente Sandinista este lunes, fortalece el “estado policial de facto” impuesto por la dictadura de Daniel Ortega desde abril de 2018 cuando comenzaron las protestas en su contra. Los cambios a la legislación actual obligarían a los partidos políticos a solicitar permiso a la Policía Orteguista para realizar sus actos de campaña.
El artículo 89 de dicha iniciativa de reforma introducida por 68 diputados sandinistas, plantea que los partidos políticos o alianzas “deben” de presentar la solicitud para realizar sus marchas a la Policía y enviar una copia al Consejo Electoral (CSE) correspondiente indicando la hora, fecha, día, lugar y trayecto de la actividad con una semana de anticipación como mínimo.
La Policía tendrá 48 horas para resolver la solicitud de dicha petición. En la Ley Electoral vigente, esta potestad la tiene el Consejo Supremo Electoral (CSE). Para el analista político José Pallais, que hizo una lectura rápida del documento de 79 páginas, la primera impresión de “choque”, es que esta decisión fortalece el estado policial y pone a la Policía por encima del CSE.
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“Esto es gravísimo porque la Policía está totalmente politizada, aunque haya cambios en el Consejo Supremo Electoral y se incorporen magistrados independientes, la movilización de la oposición va a estar en manos de la Policía, no de la autoridad electoral, lo cual es gravísimo”, expone el jurista, miembro de la Coalición Nacional.
SE RETROCEDE EN TRANSPARENCIA
Pallais considera que, con esta iniciativa de Ley, Nicaragua retrocede en transparencia y apertura, ya que todo el énfasis está en limitar y excluir la capacidad de competición de la oposición de cara a las elecciones de noviembre próximo. El opositor agrega que la dictadura pretende sacar del juego a los candidatos al incorporar todas las inhibiciones que plantea la Ley de Agentes Extranjeros y la de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
El jurista advierte que los aspirantes a la silla presidencial por parte de la oposición tienen la amenaza de ser inhibidos ya que están “trasladando a categoría de Ley Electoral que es rango constitucional las prohibiciones y exclusiones que habían establecido en leyes ordinarias”.
En la iniciativa de reforma a la Ley Electoral, los sandinistas eliminaron una de las atribuciones de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) como era “permitir durante toda su actuación el acceso al local de los observadores debidamente acreditados”. “Le pusieron un gran énfasis en todos los elementos negativos de un proceso electoral. Estamos haciendo un estudio detallado comparativo artículo por artículo”, expuso Pallais.
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Otro de los cambios que introdujeron los sandinistas está en el artículo 95, establece que las expresiones políticas que no participen en las elecciones, no podrán hacer propaganda ni manifestaciones públicas. Otro de los puntos que criticó Pallais es la prohibición de que los nicaragüenses residentes en el extranjero puedan hacer donaciones a las agrupaciones políticas.
“Fíjate que barbaridad, los residentes en el extranjero pueden mantener el país, que el país funciones por sus remesas, pero no pueden remesar un dólar para que el país tenga democracia, que el país cambie, para que el país fortalezca su institucionalidad democrática, eso es un absurdo”, expuso Pallais. El político señaló que solo una de las propuestas, planteadas por la oposición, está recogida en la iniciativa de ley y es la publicación en línea de los resultados por JRV.
Para Pallais esta situación, motiva a la oposición a demandar una verdadera reforma electoral para encontrarle una salida pacífica a la crisis que se vive. Si la comisión especial, dice, que analizará la reforma hacen una consulta con la verdadera oposición habría la posibilidad “para transmitir ideas, propuestas, consideraciones”.
Sólo el FSLN tiene la cantidad de diputados para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Electoral. El cambio a las reglas del juego en las elecciones, está “distanciada” de las propuestas que ha hecho la Organización de Estados Americanos (OEA). “Habría que hacer el análisis de cuál de las siete propuestas de la OEA no se incluyen y cuales están”, manifestó Pallais.
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En febrero de 2017, el organismo interamericano firmó con Nicaragua un Memorándum de Entendimiento, en el que la dictadura de Ortega se comprometió a impulsar unas reformas electorales negociadas, que se realizaría en tres años, el plazo se venció en 2020 sin ningún cambio. Tampoco se renovó la vigencia de dicho documento.
En octubre del año pasado la Asamblea General de la OEA, emitió una resolución en la que instan “a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021“. El plazo Ortega lo cumplió, pero con reformas electorales a su medida.
