Congreso de España propone desconocer a Ortega para 2021 e imponer más sanciones

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España aprobó la noche de este lunes un proyecto de no ley que condena la represión en Nicaragua. Además, llama al Gobierno español a condicionar el reconocimiento de Daniel Ortega para las elecciones de 2021 y pedir a la Unión Europea impulsar de manera efectiva la imposición de nuevas sanciones.  

La iniciativa parlamentaria demanda al Gobierno español “actuar en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea (UE) para que se pronuncie en términos similares y para que condicione el reconocimiento de las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2021 en Nicaragua al cumplimiento de las mínimas garantías democráticas exigibles”. 

De no cumplir con estas garantías, el régimen de Ortega tendría que ser desconocido por España, según lo planteado por los diputados.  

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El Congreso ademán insta a las instituciones de la UE a “aplicar de forma efectiva las sanciones unipersonales aprobadas y previstas por la Unión Europea para castigar a aquellas personas que sean responsables de violación de los derechos humanos, como es el caso de las actuales autoridades nicaragüenses”. 

Asimismo, piden a las instituciones de la UE “la aplicación y cumplimiento de la Cláusula Democrática del Acuerdo (de Asociación) que rige las relaciones entre la Unión Europea y los países de la ACP del cual forma parte Nicaragua”. 

“ORTEGA Y MURILLO ESTÁN INSTAURANDO UN RÉGIMEN DE TERROR” 

El proyecto ha sido impulsado por el Grupo Parlamentario Popular (oposición), pero ha sido apoyado por el Grupo Parlamentario Socialista compuesto por los diputados del Partido Socialista Obrero Español (el partido de Gobierno, PSOE) y los partidos de derecha Ciudadanos y Vox.  

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos que lidera el izquierdista Pablo Iglesias, ligado al régimen venezolano, votó en contra del proyecto, pero no logró impedir su aprobación.  

La portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario Popular, Valentina Martínez, señala que el objetivo de la iniciativa es transmitir a los demócratas nicaragüenses que “España está comprometida con su democracia, la libertad y la defensa de los derechos humanos que hacen”. 

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“Nicaragua vive una terrible dictadura corrompida y autoritaria”, denuncia Martínez, quien agrega que “Daniel Ortega y Rosario Murillo están instaurando un régimen del terror en el que cualquier ciudadano que disienta del tirano y su mujer, sufren las iras de las hordas sandinistas y un aparato oficial de represión que pretende instalar el miedo y el silencio en cada casa”. 

La congresista española considera que “el sátrapa (Ortega) quiera acabar con la separación de poderes y desvirtuar las instituciones democráticas con el único objetivo de ocupar todo el poder”, y advierte de que “las últimas leyes que ha aprobado –veto de candidaturas de los opositores en las elecciones, ley de delitos de odio, ley de agentes extranjeros y ley especial de ciberdelitos- pretenden dar la apariencia jurídica para amparar una terrible represión”. 

CONDENAN LA REPRESIÓN 

En la fundamentación del proyecto aprobado, los diputados del Congreso de España condenan la represión del régimen de Daniel Ortega contra opositores, defensores de derechos humanos, presos políticos y medios independientes.  

Además, resaltan el asesinato de Jorge Luis Rugama, el opositor asesinado el 19 de julio de este año en La Trinidad, Estelí, cuyo asesino fue liberado recientemente. 

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“A estos casos (de represión) se unen los de homicidios como el producido el 19 de julio en el municipio de La Trinidad, en el departamento de Estelí, cuando una persona falleció a manos de un elemento progubernamental”, destaca el texto. 

Finalmente, el Congreso de España condenan “clara y rotundamente” la violación reiterada de los derechos humanos del pueblo nicaragüense por parte del régimen de Daniel Ortega y la aprobación de leyes que suponen un evidente atropello de los derechos políticos y civiles recogidos en numerosos textos internacionales de los cuales España es parte firmante, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949, el Pacto de Nueva York sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.