Human Rights Watch: OEA debe rechazar proyectos de ley que reprimen el disenso y la libertad de prensa en Nicaragua

Human Rights Watch (HRW) ha instado a la Organización de Estados Americano (OEA) a que rechace los proyectos de ley con los que el régimen de Daniel Ortega pretende aniquilar a la oposición y reprimir más las libertad de prensa. 

“Los estados miembros de la OEA deben pronunciarse urgentemente contra la más reciente arremetida autoritaria del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega”, reza un comunicado de HRW, en el que las iniciativas de ley buscan aumentar la censura y la represión a los periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos.

El organismo internacional de derechos humanos se refiere a la Ley especial de ciberdelitos y la Ley de regulación de agentes extranjeros. 

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El proyecto de ley de “agentes extranjeros”, dice, permitiría que el gobierno de Ortega controle las actividades de prácticamente cualquier persona que reciba fondos o apoyo del exterior, incluidas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes.

Mientras que  el  otro proyecto de ley sobre “ciberdelitos” pretende penalizar la difusión de “noticias falsas” y otras expresiones en internet, que podría usarse para silenciar y castigar la libre expresión, señala el organismo. 

“Estos proyectos de ley pretenden darle una fachada de legalidad al gobierno de Ortega para seguir hostigando y persiguiendo a periodistas, organizaciones de derechos humanos y a cualquier otra persona que critique al gobierno”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. 

Ante eso, agregó Vivanco, “los estados de la OEA no deben guardar silencio mientras Ortega intensifica su ataque contra las voces críticas de su gobierno”. 

En el comunicado se menciona que Human Rights Watch ha documentado que otros países, como Rusia, han usado leyes similares sobre “agentes extranjeros” para silenciar a la sociedad civil. 

“El Parlamento Europeo ha condenado la ley adoptada por Rusia  —la cual es objeto de varios recursos jurídicos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— como una herramienta para acallar el disenso, y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha expresado de manera inequívoca que la ley viola estándares internacionales”, reseña. 

Según HRW, el proyecto sobre “ciberdelitos” incluye varias disposiciones excesivamente amplias que amenazan particularmente la libertad de prensa. “De ser aprobado, establecería penas de hasta cuatro años de cárcel para quien, valiéndose de las tecnologías de la comunicación, “publique o difunda información falsa y/o tergiversada que produzcan alarma, temor o zozobra” en la población”. 

Por otro lado menciona que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ambos ratificados por Nicaragua, establecen que las leyes solamente pueden limitar los derechos a la libertad de expresión y libertad de asociación cuando ello resulte necesario y proporcional para conseguir un fin legítimo, como la protección de la seguridad nacional o los derechos de terceros.

“Estos proyectos de ley incluyen numerosas disposiciones de contenido excesivamente amplias que son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y podrían ser usadas fácilmente para perseguir a críticos y medios de comunicación”, denuncia Human Rights Watch.    

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En el comunicado se menciona además la reforma constitucional que pretende llevar a cabo Ortega  con el fin de establecer penas de prisión perpetua para los “crímenes de odio”. “El derecho nicaragüense no contempla los “crímenes de odio”, pero el gobierno a menudo ha acusado a críticos y opositores políticos de cometer estos delitos”, dice.

Y dado que el gobierno nicaragüense ha acosado y perseguido penalmente a periodistas y opositores en el pasado, su retórica sobre una reforma contra los “crímenes de odio” parece ser un intento más por intimidar a sus críticos, señaló Human Rights Watch.

“A pesar de la violenta represión y la creciente hostilidad que sufren los medios y las organizaciones de derechos humanos en el país, estas entidades siguen denunciando los abusos que comete el gobierno de Ortega”, manifestó Vivanco. “Sin embargo, los nuevos proyectos legislativos de Ortega podrían terminar por sofocar definitivamente a la sociedad civil y al periodismo independiente en Nicaragua”.