El régimen Ortega-Murillo gestiona 122 millones en préstamos del BCIE y el OPEP para proyectos viales
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a la Asamblea Nacional dos iniciativas de ley para la aprobación de dos nuevos préstamos internacionales por un monto de 122 millones de dólares para financiar la construcción de carreteras en Nicaragua.
La primera iniciativa corresponde a la aprobación del préstamo número 2357, suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por 97 millones de dólares, supuetamente para financiar el tramo B del proyecto de ampliación y mejoramiento de carreteras.
Bajo el título “Aprobación Contrato de Préstamo 2357 BCIE Tramo B Ampliación y Mejoramiento de Carreteras”, el régimen solicitó a la Asamblea ratificar el financiamiento para ejecutar el proyecto de infraestructura vial.
Según el documento, los recursos estarán dirigidos a la ejecución del denominado Tramo B dentro del plan de ampliación y mejoramiento de la red carretera, como parte de la estrategia gubernamental de inversión en obras públicas.
La segunda iniciativa, el régimen solicitó la aprobación del Préstamo 15312P, suscrito con el Fondo para el Desarrollo Internacional (OPED), por un monto de 25 millones de dólares destinado al financiamiento del proyecto carretero Masaya–Sabana Grande y que será ejecutado por la alcaldía de Managua.
La construcción de la carretera, también denominada pista country club, tiene una longitud de 4.4 kiñómetros, con la que se pretende descongestionar las calles de Managua, como parte de su estrategia de fortalecimiento de la conectividad y el transporte.
Esta intersección iniciaría en el kilómetro 10 de la carretera a Masaya y terminará en Sábana Grande. La pista contará con seis retornos y la contrucción de una rotonda e incluye un carril para bicicletas.
Ambas iniciativas fueron enviadas para su trámite ante el plenario legislativo, donde el oficialismo mantiene control absoluto. Tanto el BCIE como el Fondo OPEP han sido fuentes recurrentes de financiamiento externo de la dictadura Ortega-Murillo, sobre todo en ejecución de proyectos de infraestructura, energía y desarrollo social.
