CIDH otorga medidas cautelares a nueve condenados por la masacre del 19 de julio de 2014
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de nueve nicaragüenses privados de libertad desde 2014, condenados por su supuesta participación en la masacre del 19 de julio de ese año. Según la CIDH, estos se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia” y sus derechos fundamentales enfrentan un riesgo de daño irreparable bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La decisión fue adoptada el 12 de diciembre de 2025, mediante la Resolución 93/2025, que beneficia a Walter José Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarias Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila.
Según la CIDH, los beneficiarios se encuentran apresados en condiciones que comprometen seriamente su salud y dignidad humana. La resolución advierte que estas personas “se encuentran sin acceso a atención médica adecuada para tratar sus afectaciones de salud y en condiciones precarias de detención”, que incluyen “la falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y celdas insalubres”.
Detenciones arbitrarias, tortura y amenazas
En el resumen de los hechos y argumentos, la Comisión recoge que las detenciones se produjeron en el contexto del ataque a una caravana sandinista ocurrido el 19 de julio de 2014, tras lo cual los beneficiarios habrían sido arrestados en operativos policiales sin orden judicial. La resolución señala que, durante los primeros momentos de detención, varios de ellos permanecieron en paradero desconocido, lo que configuró desapariciones forzadas de corta duración.
La CIDH documentó además que los detenidos habrían sido sometidos a torturas y malos tratos para forzarlos a autoinculparse. En ese sentido, la resolución recoge que algunos beneficiarios “habrían sido objeto de amenazas, intimidaciones y actos de violencia por parte de agentes penitenciarios”, lo que agrava su situación de vulnerabilidad dentro del sistema carcelario controlado por la dictadura.
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En su análisis, la Comisión también tomó nota de que los beneficiarios “no tendrían posibilidad de activar mecanismos internos a su favor”, debido al temor a represalias, lo que los deja en una situación de indefensión frente a los abusos denunciados.
Otro elemento clave señalado por el organismo interamericano es el silencio del régimen nicaragüense. La resolución subraya que “el Estado no proporcionó información a la CIDH”, pese a los reiterados requerimientos, lo que impidió evaluar si se estaban adoptando medidas para mitigar los riesgos identificados.
Ante este escenario, la CIDH concluyó que existen elementos suficientes para considerar que los derechos a la vida, integridad personal y salud de los nueve detenidos están en peligro. Por ello, solicitó al régimen de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias”.
La Comisión exigió además que se garantice que las condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales, incluyendo que “no sean objeto de violencia, amenazas, intimidaciones y agresiones dentro del centro penitenciario”, que se asegure “el acceso a atención médica adecuada y especializada, tratamientos y medicamentos” y que se brinde “acceso inmediato a alimentación y agua adecuada”.
Finalmente, la CIDH aclaró que el otorgamiento de estas medidas cautelares “no constituye prejuzgamiento alguno” sobre una eventual petición ante el Sistema Interamericano, pero representa una acción urgente frente a los graves abusos denunciados en el sistema penitenciario de la dictadura nicaragüense, que sigue acumulando señalamientos internacionales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La justicia al servicio del régimen Ortega-Murillo impuso penas que sumaron hasta 133 años a varios de los enjuiciados en el caso de la masacre del 19 de julio de 2014.
