Ortega restablecerá derechos constitucionales, ¿y las elecciones?

El régimen firmó un acuerdo en el que accede a liberar a los presos políticos, respetar los derechos ciudadanos y desarmar a sus paramilitares.

El régimende Daniel Ortega ha accedido a la mayoría de las demandas de la Alianza Cívicapor la Justicia y la Democracia, pero aún falta que acepte el adelanto electoral,planteado como una prioridad para resolver la crisis que vive Nicaragua desdeabril de 2018. La mesa de negociación tiene hasta el 3 de abril para alcanzarun acuerdo sobre ese tema, y hasta el momento Ortega únicamente se hacomprometido a respetar los derechos y libertades constitucionales.

“Para laAlianza Cívica el adelanto electoral es un punto central. No está sujeto a otravaloración para la Alianza. Si no, no tendría sentido la negociación”, ha dichocon firmeza Azahalea Solís, miembro de la delegación negociadora de la AlianzaCívica. “En distintos momentos de la mesa de negociación se había planteadoque, en el tema de democratización, es fundamental las elecciones anticipadas”,enfatizó.

Este viernes se confirmó que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) designó a Cristóbal Fernández, jefe de la Sección de Cooperación Técnica Electoral del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), para retomar el Proyecto de Reformas y Fortalecimiento al Proceso Electoral en Nicaragua.

Al respecto,Juan Sebastián Chamorro dijo que hasta que haya un acuerdo sobre las reformaselectorales, la mesa negociadora designará al garante de este proceso. “Cuandotoquemos el tema electoral y se lleguen a acuerdos, si es que se llegan a losacuerdos, en ese momento es que se nombrará el garante correspondiente al temaelectoral. De tal manera que lo que hay en este momento es la designaciónoficial del señor Cristóbal Fernández, quien está en este momento coordinandoel trabajo”, agregó.

La AlianzaCívica ha enviado fuertes mensajes al régimen sobre la necesidad del adelantoelectoral, incluso desmintió al canciller Denis Moncada Colindres, quien mencionóen un programa de televisión que no se ha abordado en la  mesa de negociaciones la demanda de unadelanto electoral. También respondió con un rotundo “no” cuando le preguntaronsi el régimen aceptará comicios antes de 2021.

Estados Unidos y la Unión Europa (UE) han recomendado al régimen orteguista adelantar las elecciones para resolver el conflicto que el próximo 18 de abril cumplirá un año, dejando un saldo de entre 325 y 500 muertes. La potencia americana ha ido más allá al pedir nuevos líderes en los próximos comicios, descartando a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, principales responsables de la represión.

A RESPETAR DERECHOS CONSTITUCIONALES

Ortega finalmente aceptó restituir los derechos y libertades consignados a los ciudadanos en la Constitución Política de Nicaragua, pero cercenados de forma escalonada desde que llegó al poder en enero de 2007. Bajo el acuerdo suscrito, el régimen se compromete a respetar el derecho a protestar, la libertad de expresión y libertad de prensa; devolver las personerías jurídicas a organizaciones de sociedad civil; cesar las detenciones arbitrarias y desarmar a los paramilitares que reprimieron las manifestaciones cívicas. Ahora falta que cumpla.

Una de lasprincipales demandas de los ciudadanos y organizaciones de sociedad civil hasido el derecho a la manifestación, y sobre eso el régimen acordó “garantizarel derecho de concentración, manifestación y movilización pública, encumplimiento de la Constitución y las leyes de la materia”, sin embargo deja adiscreción de la Policía orteguista la autorización de este tipo de expresiones,una vez “cumplidos los requisitos establecidos por la ley de la materia”.

El acuerdo además dice que el Estado debe garantizar el derecho a la importación de papel, maquinaria, equipo, repuestos y refacciones para los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. La Dirección General de Aduanas (DGA) mantiene retenida desde hace 30 semanas  materia prima de los rotativos La Prensa y El Nuevo Diario, los principales del país.

Ortega se comprometió a revisar las decisiones adoptadas por órganos estatales en relación con los bienes afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, a fin de lograr la devolución de estos bienes cuando así corresponda, conforme a la Constitución y la ley. La Policía mantiene ocupadas los estudios del canal 100% Noticias y las salas de redacción de Confidencial y Esta Semana.

“El Estadogarantiza el irrestricto derecho de libertad de expresión, el derecho deinformar no puede estar sujeto a censura, ni los medios de comunicación podránser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan transgredir loestablecido en la Constitución y la Ley o que puedan limitar el derecho a lainformación veraz y oportuna”, indica el documento firmado por ambasdelegaciones.

Azahalea Solís enfatizó: “Se trata de hacer las cosas concretas. La devolución de 100% Noticias, la excarcelación de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau. La devolución de personerías jurídicas. Debe haber protocolos para devolver los bienes inmuebles o muebles que se ocuparon. Tiene que haber garantes internacionales que certifiquen que se produzcan los acuerdos”.