El Ministerio del Interior cancela otras 15 oenegés en Nicaragua, ocho por disolución voluntaria
Quince oenegés se agregaron este martes a la extensa lista de organismos sin fines de lucro cancelados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
El cierre de siete organizaciones, tres de ellas vinculadas a la iglesia evangélica, se da por cancelación directa del Ministerio del Interior, institución que heredó del desaparecido Ministerio de Gobernación el poder para otorgar o cancelar la personalidad jurídica a organismos sin fines de lucro.
Las otras ocho, la mitad también de corte religioso, optaron por la disolución voluntaria, un mecanismo al que están optando muchos organismos para evitar la confiscación de sus bienes.
En el acuerdo ministerial 05-2024, publicado este martes en La Gaceta, diario oficial, la ministra del Interior, María Amelia Coronel, ordena la cancelación de la personalidad jurídica de los organismos cristianos Asociación Misión Evangélica «Cristo Viene» de Nicaragua (Misión Cristo Viene), Asociación Iglesia Centro Misionero Esperanza de Dios (AICEMED) y Asociación Iglesia Evangélica Sicar IES.
También ilegalizó las organizaciones Asociación Sonati – Nicaragua (Sonati) dedicada al fomento de la educación ambiental y a la Fundación Rescatando Huellas que se enfocaba en el rescate de animales abandonados.
Los otros organismos ilegalizados son Viviendas León y Global Partnerships, esta última dedicada desde 2005 al fomento del desarrollo empresarial con énfasis en el sector de microfinanzas.
CONFISCADAS POR SUPUESTAMENTE INCUMPLIR LA LEY
El Ministerio del Interior alega, citando un dictamen legal de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que los organismos incumplieron sus obligaciones «al no reportar por períodos de entre 02 hasta 11 años sus Estados Financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y sus Juntas Directivas».
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Con ese argumento, la institución acusa a las siete organizaciones de obstaculizar el trabajo de control y vigilancia, así como de «no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se les otorgó Personalidad Jurídica y Registro, así como los directivos que los administraban».
En el mismo documento, el Ministerio del Interior manda a la Procuraduría General de la República a realizar el traspaso de los bienes de los organismos a nombre del Estado de Nicaragua.
CIERRE «VOLUNTARIO»
En tanto, los organismos que optaron por disolución voluntaria son: Fundación Nicaragua Joven, Asociación Ministerio Sanador Isaías 53-5 (FUMISAN), Asociación de Laicos Bethlemitas San Miguel Arcángel de Nicaragua (ALB), Fundación Cristiana Nueva Imagen de la Mujer, Red Centroamericana de Microfinanzas (Redcamif), Asociación Ministerio Cristiano Iglesias Pentecostés, Trono de Jehová (AMCIPTJ), Asociación Nicaragüense de Aseguradoras Privadas (ANAPRI) y Asociación Ministerio Cristiano Bajo su Presencia (ASOMICBAPRE), según el Acuerdo Ministerial 06-2024.
La mayoría de las organizaciones alegan falta de recursos económicos y a la disminución de sus miembros. En el caso de Anapri, atribuye la decisión de cierre a que no están cumpliendo o desarrollando el objeto social para el que fue creada; mientras que Redcamif dice que la naturaleza del organismo no corresponde a la de un organismo sin fines de lucro.
El cierre masivo de oenegés ha marcado la progresiva restricción del especio cívico en Nicaragua en el contexto de la crisis que afronta el país desde 2018, tras desmantelamiento de las protestas ciudadanas por la vía de las armas.
En noviembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe denominado: «Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua» denunció que entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había ilegalizado a 3,390 organizaciones de un total de 7,227 registradas previo a la crisis.
