Rosario Murillo busca control de la Corte Suprema con despidos masivos que podrían llegar a más instituciones
La destitución de facto de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos y de la magistrada Yadira Centeno refleja el control que ejerce Rosario Murillo sobre este Poder del Estado manteniendo a sus “funcionarios leales” y evidencia las contradicciones internas dentro de la estructura de la dictadura.
“No es un hecho ni un dato menor que sea la presidente del Poder Judicial la defenestrada. Es una manifestación del aumento de las contradicciones internas dentro dictadura y una manifestación de la descomposición”, señala Juan Diego Barberena, abogado, activista político e investigador.
Las lealtades ahora son para Rosario Murillo, que busca la sucesión dinástica. “Ya no van a necesitar leales a Daniel Ortega únicamente, sino leales a Rosario Murillo y para eso necesita a todos los jueces y magistrados”, advierte.
La barrida en la Corte Suprema de Justicia continuó este fin de semana, según el abogado Yader Morazán, exfuncionario de ese poder del Estado.
A la destitución de las magistradas Alba Luz Ramos y Yadira Centeno, le siguió el despido de la hija y asistente de la presidenta de la Corte Suprema. También destituyeron a la magistrada de la sala penal Especializada en Violencia y Justicia de Adolescentes de Managua, Adda Benicia Vanegas Ramos, sobrina de Alba Luz Ramos.
La barrida alcanzó a Berman Martínez, de la Dirección Administrativa-Financiera y a trabajadores del área de informática.
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Las magistradas Ramos y Centeno fueron desalojadas de sus despachos por el comisionado Horacio Rocha.
DESTITUCIONES, EFECTOS DEL GOLPE DE ESTADO DE ORTEGA
El analista político Juan Diego Barberana considera que la defenestración de Ramos y Centeno es uno de los efectos y la materialización del «golpe de Estado» que Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutaron cuando tomaron el control de todos los poderes en Nicaragua.
“Son los efectos de un golpe de Estado que hace mucho tiempo se consumó, pero que terminan de materializar la cooptación y la captura total de parte de Rosario Murillo, una de las principales agentes de la dictadura sobre el Poder Judicial como tal”, manifiesta Barberena.
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El Poder Judicial es uno de los instrumentos que ha utilizado la dictadura de los Ortega-Murillo para reprimir y criminalizar a la oposición y todas las voces disidentes de Nicaragua. Según Barberena, por eso la dictadura lo necesita tener “controlado” al Tribunal Supremo y que todas sus estructuras estén con temor.
La Corte Suprema de Justicia, actualmente funciona solo con ocho de sus 16 magistrados: Marvin Aguilar, quien es el vicepresidente; Armengol Cuadra López; José Manuel Martínez Sevilla; Juana Méndez Pérez; Armando Juárez López; Gerardo Arce Castaño; Ellen Joy Lewin Dows y Virgilio Gurdián.
Los que hacen falta son dos magistrados que fallecieron: Antonio Alemán Lacayo y Francisco Rosales Argüello. Cuatro han renunciado: Rafael Solís, Carlos Aguerri Hurtado e Ileana Pérez. El último magistrado que falta es José Adán Guerra Pastora, quien cumplió su periodo de cinco años y ya no quiso seguir porque no quería estar en el cargo de facto, sin haber sido reelecto.
En la actualidad la Corte Suprema de Justicia no tiene capacidad para integrar quórum para conformar salas y dictar sentencias. De momento, no se conocen nuevos reemplazos.
“Más que esperar qué va a pasar en el Poder Judicial, (hay que ver) qué va a pasar en el resto de las instituciones entre las cuales está el Ejército de Nicaragua y cuál va a ser la reacción”, expone el investigador.
LOS QUE SE «FUERON» ANTES
El abogado, quien es autor de la investigación: Autoritarismo en Centroamérica: Persecución penal ilegítima en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, indica que esta no es la primera “barrida” que se da en el Poder Judicial ya que en el 2021 fue destituido el magistrado Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, quien además era el secretario político del FSLN en el Complejo Judicial de la capital.
En noviembre del 2022, el régimen acusó a los hermanos María José y Hans Camacho Chévez, entonces asistente de la magistrada Alba Luz Ramos y el responsable de informática del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, respectivamente.
En tanto, Moisés Astorga, también apartado, se desempeñaba como asesor de la magistrada Ramos. En octubre del año pasado se dio la captura y acusación contra Roberto Larios, quien era el vocero de la Corte. Todos ellos fueron desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero junto a 218 presos políticos.
