Proponen a la ONU ampliar la investigación de los crímenes de la dictadura en Nicaragua

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debatirá un proyecto de resolución que demanda la liberación de los presos políticos en Nicaragua y renovar por un periodo de dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) para continuar investigando las violaciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El proyecto patrocinado por las delegaciones de Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, solicitan al Secretario General que adopte todas las medidas administrativas y legales para garantizar la no interrupción de sus trabajos del GHREN, tomando que la primera fase de su investigación encontró motivos razonables de que desde 2018 en Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad: asesinato, encarcelamiento, tortura, deportación, violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, y persecución.

La segunda fase del trabajo del GHREN incluiría una investigación adicional sobre el papel del Ejército de Nicaragua en la represión de 2018, que es una de las recomendaciones presentadas en el primer informe. Así lo adelantó en entrevista con DESPACHO 505, la colombiana Ángela María Buitrago, experta del Grupo.

El proyecto de resolución será debatido en el pleno del Consejo de Derechos Humanos el próximo 4 de abril y se espera su aprobación por amplia mayoría.

El texto señala el continuo retroceso democrático y la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, así como la erosión del Estado de Derecho, la falta de independencia del Poder Judicial, la no separación de poderes, y el impacto multidimensional en el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Además, consigna preocupación por la continua negativa de Nicaragua a cooperar con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, en particular la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluida su oficina regional en América Central, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, y reconociendo que esta negativa sigue creando una brecha de protección en el país.

PIDEN LIBERAR A PRESOS POLÍTICOS

Ante este escenario, la propuesta de resolución pide a la Alto Comisionada que refuerce la vigilancia sobre Nicaragua y prepare “informes exhaustivos con perspectiva de género”, para ser presentados al Consejo antes de finales de 2023 y 2024.

Asimismo, hace un “llamado urgente” al régimen de Nicaragua a liberar a los presos políticos, anular sus sentencias, respetar las garantías procesales así como las normas de detención establecidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

Además, insta al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a restablecer el registro legal de las más de tres mil organizaciones cancelados desde 2018, a restaurar la independencia y la libertad académica de las universidades privadas y devolver los bienes confiscados, y a permitir la continuación de su trabajo sin ningún tipo de intimidación, amenaza o represalia.

En el texto, también advierten un empeoramiento de las restricciones al espacio cívico y democrático y el “acoso y vigilancia ilegal o arbitraria” a defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y religiosos, periodistas, campesinos, estudiantes, víctimas de violaciones y abusos contra los derechos humanos y sus familiares.

Entre otros puntos, exhorta al régimen a que respete todos los derechos civiles y políticos, incluido el derecho a una nacionalidad, y a que garantice las condiciones para el regreso voluntario y seguro a Nicaragua, sin temor a nuevas represalias, intimidaciones o ataques de la Sra. Anexa Alfred Cunningham, y de todas las personas que viven en el exilio.