Organismos rechazan destierro de los 222 presos políticos de Nicaragua

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el organismo de observación Urnas Abiertas abrazaron la liberación de los 222 presos políticas, pero rechazaron el destierro a que fueron sometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Cenidh en un comunicado señaló que el régimen de Ortega – Murillo, “esconde la cara cobardemente” y denunció que usa al Poder Judicial como un instrumento de represión ya que la deportación no se puede aplicar al caso de los presos políticos por ser una figura jurídica que se utiliza para extranjeros que han cometido delitos en un país que no es suyo.

“Están llamándole deportación a un DESTIERRO que está absolutamente prohibido en todas las legislaciones y las normas internacionales de derechos humanos”, detalla el organismo de derechos humanos quien celebró que ahora los presos políticos están a salvo.

“El objetivo prioritario de quienes paso a paso seguimos la lucha por la vida de los presos políticos, era precisamente ponerlos a salvo, salvarlos de las garras de la muerte, lo hemos logrado. Esperamos que en el lugar a donde han sido desterrados les brinden de inmediato la atención médica necesaria”, detalla el comunicado.

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El Cenidh detalla que todavía están en la cárcel unos 20 presos políticos a quienes “también debemos salvarlos”, ya que el Mecanismo para la Liberación de Personas Presas Políticas en su último informe elevó la cifra de reos de conciencia a 245.

La lucha continúa, la lucha empieza, debemos seguir firmes, pero sin crearnos falsas expectativas, debemos estar alertas y conscientes, esta situación nos plantea un nuevo panorama”, detalla el Cenidh.

INSTANCIAS QUE USÓ HOY ORTEGA

Luego de la liberación y destierro de los 222 presos políticos. Se activaron todas las instancias para tratar de legitimar la decisión. Los primeros fueron los magistrados de Apelaciones de la Sala Penal Uno de Managua, quienes dieron a conocer una sentencia de deportación y declarados traidores de la patria y se les aplicó la muerte civil perpetua para ejercer funciones públicas y cargos de elección popular, quedando de esta manera “suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”.

La siguiente instancia que se sumó fue la Asamblea Nacional quien de manera exprés aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución Política, y una nueva Ley denominada Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, la cual indica que pierden la nacionalidad las personas que son sentenciadas bajo la Ley 1055 Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la independencia, la Soberanía Nacional y la Autodeterminación por la Paz.  

“Los procesos usados tanto para cambiar las sentencias de las personas presas políticas como para reformar la Constitución son totalmente irregulares, una vez más se usa la institucionalidad para intentar cubrir de legalidad un acto irregular, contrario a la ley, que atropella libertades individuales y políticas”, denunció Urnas Abiertas.

DESTIERRO: OTRO CRIMEN DE ORTEGA

El organismo de observación explicó que el destierro es un crimen de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma y que este tipo de medidas es una violación a los derechos humanos,

“Desde Urnas Abiertas abrazamos la liberación de las personas presas políticas, quienes nunca tuvieron que ser detenidas ni verse limitadas en su derecho a la participación política, ni ningún otro derecho, pero también rechazamos en su totalidad el destierro y el retiro de nacionalidad aplicada a las personas presas políticas por inconstitucional, nulo, ilegal arbitrario y criminal”, indica el comunicado.

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Por su parte monseñor Silvio Báez, mostró su alegría por que los presos políticos están fuera de Nicaragua. “Nunca debieron ser apresados. Desterrándolos, la dictadura de Nicaragua comete otro crimen, mostrando que son ellos quienes no merecen ser nicaragüenses”.